Mientras Tarapacá posee uno de los conjuntos de geoglifos más importantes del mundo, carece de las políticas públicas, el financiamiento y la voluntad política necesarios para protegerlo.

Por Rodrigo Ramos Bañados. Foto: Carlos Aracena.

La región de Tarapacá alberga uno de los conjuntos de geoglifos más importantes del mundo, comparable en densidad y relevancia a las célebres líneas de Nasca, en Perú. Sin embargo, este inmenso museo al aire libre enfrenta amenazas constantes que ponen en riesgo su supervivencia. Conversamos con el Doctor Gonzalo Pimentel G., arqueólogo y antropólogo, presidente de la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama, quien analiza con crudeza el estado actual de estos monumentos ancestrales y las responsabilidades de los distintos actores involucrados.

Un patrimonio sin catastro

—¿Cuáles son las principales amenazas actuales para los geoglifos de Tarapacá y cómo han cambiado en los últimos años?

Para comenzar, es fundamental dimensionar lo que tiene la región. Tarapacá posee una de las mayores concentraciones de geoglifos a nivel global, con centenares de sitios que reúnen varios miles de motivos distribuidos en vastas extensiones territoriales. Estamos frente a un verdadero museo al aire libre que, paradójicamente, todavía carece de un catastro completo que permita determinar con exactitud el número de figuras existentes.

Las amenazas han sido múltiples y persistentes. Históricamente, la mayor destrucción ha sido provocada por proyectos de la gran minería. Los alrededores de la mina Cerro Colorado —de BHP— siguen siendo un área críticamente amenazada, donde sabemos que varias figuras han sido completamente destruidas. Otro caso emblemático es la minera Quebrada Blanca, controlada por Teck, que en sus proyectos de expansión ha intervenido geoglifos en el área de la Quebrada de Pintados, en Guatacondo. Estas situaciones fueron denunciadas hace años por diversos medios, pero lamentablemente han gozado de impunidad.

A esto se suman otros proyectos de infraestructura, como la instalación de antenas y la construcción o mantención de carreteras. El sitio de Ariquilda, por ejemplo, tiene un historial antiguo de daños y ha sufrido afectaciones recientes por obras del Ministerio de Obras Públicas.

Las competencias off-road también han causado estragos. Los geoglifos de Alto Caramucho —o Alto Barranco— son uno de los sitios más dañados por huellas vehiculares, que prácticamente han borrado la mayoría de sus figuras. Este caso alcanzó repercusión internacional hace unos años, lo que generó consternación mediática entre las autoridades, pero sin traducirse en cambios sustanciales en la gestión política y cultural.

Sin embargo, algo positivo ha ocurrido: estas denuncias han generado mayor conciencia social. Hoy, prácticas que antes se consideraban entretenimiento inofensivo —como recorrer los cerros del desierto en moto o en jeep— ya no se perciben como un deporte “cool”, sino como una amenaza directa a la conservación de los geoglifos.

El turismo informal también ha causado daños, como las reiteradas intervenciones que ha sufrido el Gigante de Atacama. La diferencia con hace una década es que ahora estas situaciones sí son noticia, lo que evidencia un cambio en la percepción ciudadana.

Mención aparte merecen los casos en que los geoglifos fueron usados como blancos en entrenamientos militares, aunque entiendo que hace varios años que esto no sucede.

Tenemos, entonces, un largo historial de amenazas y daños que contrasta enormemente con las escasas acciones de resguardo y valorización implementadas hasta hoy.

El rol de la minería

—¿Qué medidas urgentes de protección deberían aplicarse y qué rol deben cumplir el Estado, las mineras y las comunidades?

El punto de partida debe ser una política pública integral para los geoglifos, construida en conjunto entre el Estado, las comunidades locales y los especialistas, que asegure su protección e integridad paisajística y territorial.

Urge la elaboración de un catastro y diagnóstico completo que defina e implemente medidas efectivas de investigación, educación, conservación y valorización patrimonial. Pueden parecer medidas inabarcables, pero son urgentes y totalmente plausibles si queremos garantizar el futuro de estos bienes.

En este proceso inicial dejo fuera deliberadamente a las empresas mineras. ¿Por qué? Porque la gran minería ha abordado la cuestión de los geoglifos principalmente como una estrategia de marketing empresarial, sin considerar propuestas serias e integradoras de cuidado, resguardo, difusión y valorización social. Abordan el problema de manera limitada y terminan definiendo y pautando la política, las acciones y el rol de las instituciones gubernamentales y universitarias.

Un ejemplo reciente: BHP encargó a la Universidad Católica un “diagnóstico sobre geoglifos del norte de Chile”. Con ese título tan ambicioso, el resultado concreto fue el análisis de solo tres casos de los cientos de sitios existentes, y ninguno estaba en su área de influencia —justo donde tienen un problema serio de destrucción que no han transparentado públicamente.

Consideramos esta actitud como publicidad engañosa: un simulacro comunicacional y una apropiación indebida. Ya lo hemos visto antes. Mientras el Dakar —con financiamiento estatal— destruía sitios arqueológicos, usaba al mismo tiempo la imagen del Gigante de Atacama en su campaña, con el eslogan “Corre con el Dakar a cuidar el patrimonio”.

No percibo un interés genuino por generar políticas integrales, sino solo controlar el relato y a los actores involucrados, ya que los geoglifos interfieren directamente con sus pretensiones expansivas.

En otro ámbito, resulta clave modificar la percepción histórica del desierto como un espacio vacío, para comprender que alberga riquezas culturales de nivel mundial. La protección no solo depende de leyes y políticas directas, sino también de transformar las percepciones sociales y la responsabilidad colectiva frente a un legado que pertenece a todos. Para ello, el conocimiento científico y su traspaso a la comunidad deben ser parte de las políticas públicas que el Estado promueva.

UNESCO: ¿protección o marketing?

—¿Cómo impactará la postulación de los geoglifos de Pintados como Patrimonio Mundial de la UNESCO en su cuidado y conservación?

Nuevamente estamos frente a una estrategia de marketing empresarial, esta vez bajo el alero de la minera Collahuasi. Se creó una fundación especialmente para ello, pero no nace de comunidades locales ni de especialistas en geoglifos, ni siquiera del Estado, sino de los intereses de control regional de esa compañía. Si revisamos su primera directiva —e incluso la actual— se observa que no cuenta con especialistas que hayan trabajado o investigado directamente sobre geoglifos.

Para nosotros, la postulación de los Cerros de Pintados como Patrimonio Mundial no es más que “pirotecnia publicitaria”: una propaganda distractiva que busca desviar la atención y proponer medidas simplistas, aunque efectistas. En un proceso serio de patrimonialización, este tipo de postulaciones es lo último que se hace, no lo primero ni lo segundo, que es lo que vemos aquí. Anteponen la carreta a los bueyes.

Antes de siquiera imaginar el envío de un expediente a UNESCO, se requiere un compromiso previo del Estado con financiamiento permanente que asegure investigación de altos estándares, planes educativos en todos los niveles, e integración y trabajo sostenido con las comunidades locales. Pero el sitio no tiene ni siquiera un artículo científico publicado. Hace poco incorporaron a un grupo de arqueólogos, aunque para trabajar en un esquema ya establecido, sin espacios reales de construcción conjunta.

Observamos con frecuencia la facilidad con que autoridades, instituciones y científicos se alinean con estas dinámicas, lo que plantea un desafío para asegurar procesos más transparentes y participativos.

Este es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando la minera pauta y dirige la política patrimonial regional: la publicidad y sus intereses se anteponen y restan legitimidad a cualquier gestión seria.

Es difícil comprender que una fundación sin antecedentes de trabajo patrimonial ni investigación sobre geoglifos cuente de inmediato con el respaldo de varias instituciones estatales, universidades públicas y privadas, e incluso con financiamiento del Gobierno Regional para formular el expediente patrimonial. Es la minera la que impulsa todo esto, incluyendo que sea el propio Estado el que termine financiando sus políticas comunicacionales.

Es importante entender el verdadero impacto de una declaratoria UNESCO: el organismo no entrega financiamiento para la protección, pero sí impone altas exigencias que los estados deben cumplir. El Qhapaq Ñan —el Camino del Inca— fue uno de los últimos casos que obtuvo esta certificación en Chile. ¿Acaso ha tenido protección y conservación aseguradas por parte del Estado? Lamentablemente, no. Puedes mirar también el caso de Valparaíso y hacerte las mismas preguntas.

Estos procesos tienden a generar más desafíos que beneficios, pues requieren un Estado fuerte y comprometido patrimonialmente, condición difícil de sostener en el actual modelo de desarrollo. Hay una evidente desintonía entre las exigencias internacionales y las capacidades nacionales.

Hacia un proyecto colectivo

—¿Cómo se puede lograr que la protección de los geoglifos sea un proyecto colectivo que involucre verdaderamente a las comunidades locales y a la ciudadanía?

Trabajando fuertemente en una política integral a escala local y regional que involucre a las comunidades locales —indígenas o no—, a las organizaciones patrimoniales de la sociedad civil, a los especialistas y a las distintas instituciones estatales pertinentes, asegurando además apoyo y financiamiento permanente.

Los geoglifos, además de ser expresiones singulares de la arqueología y del paisaje del desierto, de la historia y de la cultura andina, constituyen un patrimonio de valor universal que debemos resguardar para las futuras generaciones. Si son bien administrados y valorizados, todas estas particularidades pueden generar, en el mediano y largo plazo, un alto valor social y convertirse en una alternativa económica viable para el desarrollo local. Un ejemplo cercano para observar y aprender son los geoglifos de Nasca, uno de los sitios más visitados del Perú.

Esta entrevista deja en evidencia una paradoja dolorosa: mientras Tarapacá posee uno de los conjuntos de geoglifos más importantes del mundo, carece de las políticas públicas, el financiamiento y la voluntad política necesarios para protegerlo. La gran minería, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el principal factor de destrucción y, lo que es más grave, en quien define las agendas patrimoniales a su conveniencia.

La postulación a UNESCO, presentada como una gran noticia, es cuestionada por el arqueólogo como una operación de marketing que elude los problemas de fondo. La verdadera protección, insiste, vendrá de una política pública construida desde las bases, con participación comunitaria y financiamiento estatal permanente.

Queda flotando la pregunta de si Chile está dispuesto a asumir la responsabilidad de custodiar un patrimonio de valor universal, o si seguirá permitiendo que intereses particulares dicten el destino de estos testimonios milenarios del desierto de Atacama.