A casi cuatro años de su fuga a Países Bajos, la exalcaldesa de Antofagasta será extraditada a Chile para cumplir su condena. El desenlace del caso Main reabre el debate sobre la proporcionalidad de la pena y el accionar de la justicia.

Fotografía de Magaly Visedo

La noticia llegó este jueves como un coletazo final a una historia que mantuvo en vilo a la política chilena durante casi cuatro años. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de Países Bajos pusieron a disposición a Karen Rojo Venegas, exalcaldesa de Antofagasta, para iniciar su proceso de extradición a Chile.

La exjefa comunal, condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco y negociación incompatible, abandonó Chile el 23 de marzo de 2022, horas antes de que la Corte Suprema dejara ejecutoriada la sentencia. Aprovechando que no tenía medidas cautelares, tomó un vuelo con destino a Países Bajos, donde fue detenida el 13 de julio de ese mismo año. Desde entonces permaneció recluida en la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, en Utrecht.

El denominado “caso Main” tuvo su origen en una denuncia presentada en 2016 por el entonces concejal Eduardo Parraguez ante la Contraloría. La investigación acreditó que Rojo contrató de manera irregular a la consultora Main Comunicaciones utilizando recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) —fondos destinados a educación y salud— para pagar asesorías políticas que fortalecieran su imagen personal con miras a su campaña de reelección en 2016. El monto defraudado ascendió a cerca de $23 millones.

Ahora, con la extradición confirmada, un equipo de Interpol viajará a Países Bajos en las próximas semanas para custodiar el regreso de Rojo a Chile. Se espera que arribe dentro del mes de julio, en una o dos semanas más. Al pisar territorio nacional, será puesta a disposición del Juzgado de Garantía del aeropuerto Arturo Merino Benítez para una audiencia de control de detención.

“Combatir la corrupción” vs. “lo mal que actuó la justicia”

Las reacciones no se hicieron esperar. Eduardo Parraguez, exconcejal y denunciante original del caso, valoró el desenlace con un tono agridulce que refleja las contradicciones del proceso. “Ante la información que se ha conocido, en primer lugar, es una muy buena noticia porque se comienza a concretar lo que fue una intención primera, al iniciar toda la acción judicial que es combatir la corrupción”, declaró Parraguez.

Sin embargo, el exedil no ocultó su malestar por el camino recorrido: “Por una segunda parte es contradictorio porque en definitiva demuestra lo mal que actuó la justicia en su momento, permitiendo esta fuga de la exalcaldesa y que permitió que cumpliera la condena fuera del territorio nacional, sin que hasta este momento exista un responsable en la fiscalía que desembocó en la fuga de Karen Rojo”.

Pese a las críticas, Parraguez destacó el precedente que sienta el caso: “Por otra parte se sentó un precedente sobre el combate a la corrupción al interior de las entidades del Estado. Si bien los montos defraudados en este caso no son tan altos, como en otros casos, lo que sirvió este caso es sentar un precedente judicial”.

“Una pena desproporcionada y absurda”

La mirada del mundo jurídico, en tanto, ofrece un contrapunto radical. Daniel Guevara, abogado y doctor en derecho, cuestionó con dureza la severidad de la sanción impuesta a Rojo.

“Siempre se repiten las entrevistas a abogados constitucionalistas y frases hechas, como ‘en Chile nadie está sobre la ley’ y hay un principio de igualdad. Había una sentencia establecida por los tribunales de justicia, pero la ciudadanía sabe que a no todos se les aplica con el mismo rigor y severidad la pena que sí se le aplicó a Karen Rojo”, afirmó Guevara.

El abogado calificó la condena como “tan desproporcionada respecto al delito cometido”, especialmente por la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos que la acompaña. “Es una pena que en el derecho penal europeo ya no existe”, sostuvo, “entonces me sorprende que Países Bajos no haya permitido que se ejercieran los derechos ante la Corte Europea de Derechos Humanos”.

Guevara fue más lejos al comparar la sanción con una “pena de muerte desde el punto de vista del ejercicio político”, y calificó el fallo como “un absurdo”. Aunque reconoció que “es correcto que si se dictó una sentencia esta se cumpla”, insistió en que “existiendo en Chile situaciones por las cuales ya sea por malversación de caudales públicos u otras, se han remitido hasta salidas alternativas, en el caso de Karen Rojo se ha llevado esta pena a una situación excepcional y desproporcionada”.

El regreso de Karen Rojo a Chile no solo cierra un capítulo judicial, sino que deja abiertas preguntas incómodas: ¿Actuó la justicia con rigor ejemplar o con ensañamiento? ¿La fuga fue un fracaso del sistema o una decisión personal que la justicia internacional terminó corrigiendo? Lo cierto es que el caso Main, con sus luces y sombras, quedará como un hito en la lucha contra la corrupción municipal y, al mismo tiempo, como un expediente que divide a juristas y ciudadanos por igual.

La exalcaldesa, que alguna vez lideró el municipio de Antofagasta y soñó con la reelección, volverá a Chile esposada, para cumplir una condena que —dependiendo de la mirada— unos ven como justicia ejemplar y otros como exceso inaudito. El círculo, al fin, se cierra.