El derrotero de la ex Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, desde su salida de la Fiscalía Regional, no fue distinto al de casi todos los fiscales de Tarapacá. Un sino trágico, una suerte de maldición no escrita.

La Región de Tarapacá se ha convertido en un escenario recurrente de controversias internas dentro del Ministerio Público. Desde sus inicios, la Fiscalía Regional ha estado marcada por la desconfianza, las pugnas de poder y nombramientos que han despertado las alarmas éticas. Esta es la historia de una institución donde quienes deben impartir justicia parecen vivir bajo su propia sentencia: la del cuestionamiento permanente.

La renuncia de Pablo Muñoz

La historia de los fiscales regionales de Tarapacá arranca con una salida anticipada. Pablo Muñoz Mera, el primer fiscal regional de la zona, apenas alcanzó a asumir formalmente sus funciones antes de verse obligado a renunciar. En noviembre de 2002, en una conferencia de prensa en Iquique, Muñoz Mera anunció su dimisión irrevocable. Su explicación fue tan vaga como reveladora: «un sentimiento de falta de la confianza necesaria de los niveles centrales del ministerio público». Negó las denuncias de falta de probidad, pero se rehusó a precisar los motivos.
Sin embargo, las versiones de la época apuntaban a razones más concretas. Se rumoreaba que el entonces fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, le había solicitado la renuncia por «irregularidades» cometidas cuando Muñoz Mera era titular del Cuarto Juzgado del Crimen de Iquique, presuntamente relacionadas con la designación de personal de su confianza.
Pero el verdadero golpe a su imagen llegó desde el mundo político. El senador Jaime Orpis (UDI) criticó duramente al fiscal, atribuyéndole «ineficiencia en las investigaciones por el caso Alto Hospicio y la Operación Océano», ambos relacionados con redes de narcotráfico.
Con su salida, Tarapacá inauguró un patrón que se repetiría en el tiempo: fiscales regionales que no logran consolidarse en el cargo.

El affaire Steinert

Dos décadas después, el nombre que marcaría un antes y un después en la Fiscalía de Tarapacá fue el de María Trinidad Steinert Herrera. Nombrada fiscal regional el 16 de febrero de 2024, juró con vehemencia: «Estoy muy orgullosa de ser elegida para dirigir la persecución penal durante los próximos ocho años y no voy a dormir si llega a ser necesario». Steinert llegaba con un perfil técnico y un discurso combativo contra el crimen organizado.
Sin embargo, su paso por el cargo duró menos de dos años. El 20 de enero de 2026, sorprendió al anunciar su renuncia al Ministerio Público. Lo hizo, según reveló posteriormente la entonces vocera designada Mara Sedini, tras una larga negociación con el equipo del presidente electo José Antonio Kast. Incomodidad y sospechas fueron el saldo en la Fiscalía Nacional, donde se instaló la certeza de que Steinert había comprometido su independencia al negociar su salto a la política mientras aún ejercía como fiscal regional. El propio fiscal nacional, Ángel Valencia, con quien mantenía una relación de años, no pudo ocultar su malestar.
Pero la historia de Steinert como ministra de Seguridad Pública del gobierno de Kast fue aún más efímera: duró apenas 69 días. El 19 de mayo de 2026, fue destituida en medio de críticas por la inseguridad y el desgaste político, en el primer cambio de gabinete de la
administración. Steinert pasó de ser la gran apuesta del presidente a convertirse en la primera baja de su gabinete.

El nombramiento que no fue

La salida de Steinert dejó una silla caliente. El 23 de marzo de 2026, Virginia Aravena Hormazábal asumió como nueva fiscal regional de Tarapacá. Su primer acto majestuoso como autoridad fue, precisamente, el que casi le cuesta el cargo. Horas después de asumir, Aravena designó a María Teresa Osorio como jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit). El problema no era el currículum de Osorio, sino su apellido: era la esposa del ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Andrés Provoste, uno de los magistrados que había apoyado activamente la candidatura de Aravena para llegar al cargo. El tufillo a nepotismo y tráfico de influencias fue inmediato. El
exfiscal Carlos Gajardo fue lapidario en redes sociales: Un ministro de Corte vota por una candidata a fiscal regional, que con ese voto queda en terna y es designada en Iquique.Luego la fiscal nombra a la cónyuge del ministro en un alto cargo directivo. Así siguen funcionando las cosas».
Aravena intentó justificarse: la designación se basó en «criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo». Pero ante el escándalo, tuvo que echar pie atrás y solicitar la renuncia de Osorio, reconociendo que la situación «podía afectar la percepción
de imparcialidad que debe resguardar el Ministerio Público». Con un inusual mea culpa, la fiscal admitió que «debía haber evaluado esta situación con mayor cuidado». La confianza en la Fiscalía Regional volvía a tambalearse.

Otras sombras 

El listado de cuestionamientos no se agota en los máximos jefes de la región. En febrero de 2026, el fiscal Eduardo Ríos —encargado de aristas del caso Convenios en Tarapacá y del resonante caso ProCultura— presentó su renuncia al Ministerio Público. En su carta de
despedida, denunció haber sido víctima de «mobbing”, hostigamiento y un ambiente de secretismo y confusión inducida» por parte de sus superiores, en un duro relato que dejó al descubierto las grietas internas de la institución. Por si fuera poco, la Fiscalía Regional también ha debido lidiar con denuncias de imparcialidad en otros niveles. En abril de 2026, la propia fiscal regional Aravena tuvo que solicitar la renuncia de la jefa de la Unidad de Víctimas por “falta de imparcialidad”, en un nuevo episodio que evidenció la fragilidad ética de la institución.

Casos Roe y Guerra

El patrón de conflictos y desconfianzas que afecta a la Fiscalía Regional de Tarapacá no es nuevo. Incluso antes de los episodios narrados, la institución ya había visto pasar por sus filas a fiscales que terminarían envueltos en graves escándalos. Sus historias parecen prefigurar, con años de anticipación, el declive institucional que hoy define a la Fiscalía más cuestionada del país.
El primero en romper el molde fue Claudio Roe Álvarez, quien se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá hasta 2010. Durante su gestión lideró investigaciones relevantes, como el caso de los 25 pacientes con VIH notificados tardíamente por el Hospital de
Iquique. Para esto designó un fiscal con dedicación preferente. También impulsó la investigación contra el obispo de Iquique, Marco Antonio Órdenes Fernández, por una denuncia de delito sexual.

Sin embargo, su carrera dio un giro trágico años después de dejar el cargo. En febrero de 2021, ya ejerciendo como abogado defensor, Roe fue sorprendido por efectivos de Gendarmería intentando ingresar al penal de Alto Hospicio con teléfonos celulares, cargadores, manos libres y clonazepam, un fármaco controlado. Fue detenido en flagrancia y formalizado por microtráfico por el fiscal Héctor López, de la Unidad de Drogas de Tarapacá. La noticia causó conmoción en Iquique, dada la alta reputación que Roe había forjado durante su paso por el Ministerio Público. Su caída se convirtió en un símbolo temprano del deterioro de una institución que, en lugar de impartir justicia,
comenzaba a producir sus propios condenados.
El relevo de Roe en la Fiscalía Regional de Tarapacá llegó en noviembre de 2010 de la mano de Manuel Guerra Fuenzalida, designado por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán para dirigir la persecución penal en la región por los siguientes ocho años. Guerra, abogado de la Universidad de la República y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, venía de desempeñarse como jefe de la Unidad Especializada de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional. Durante su jefatura en Tarapacá, entre 2010 y 2015, impulsó un plan de intervención focalizada en el casco histórico de Iquique, donde se concentraba el 25% de los delitos de la ciudad, y lideró investigaciones como las irregularidades en la Dirección de Vialidad del MOP y la entrega anómala de licencias de conducir a ciudadanos chinos por parte del municipio.

Sin embargo, su carrera ascendió rápidamente: en 2015 fue designado fiscal regional metropolitano Oriente, desde donde se hizo cargo de casos emblemáticos como Penta y Exalmar. Fue precisamente durante su paso por la Fiscalía Metropolitana Oriente que Guerra comenzó a tejer una red de relaciones oscuras que finalmente lo llevarían a prisión. En septiembre de 2024, su nombre saltó a la primera plana de los medios al quedar involucrado en el llamado «Caso Audios». Estas fueron una serie de conversaciones filtradas con el abogado Luis Hermosilla —actualmente en prisión preventiva— en las que Guerra habría compartido información sensible sobre investigaciones en curso y habría realizado gestiones para favorecer a terceros. La investigación, dirigida por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, derivó en una querella de capítulos que la Corte Suprema admitió a trámite en febrero de 2026, imputando a Guerra los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa. Según los antecedentes, el ex fiscal habría solicitado reiteradamente a Hermosilla distintos beneficios personales y para terceros, y paralelamente realizó gestiones para conseguir reuniones con altas autoridades del Ejecutivo, incluido el ex presidente Sebastián Piñera. Pero el desenlace más impactante estaba aún por llegar. En marzo de 2026, tras una audiencia de formalización que se extendió por ocho jornadas, el juez Guillermo Rodríguez, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, aceptó todas las imputaciones del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de Manuel Guerra. Guerra fue conducido por funcionarios de Gendarmería al anexo penitenciario Capitán Yáber, convirtiéndose así en la primera persona que, habiendo ocupado el cargo de fiscal regional, queda en prisión preventiva. La noticia recorrió el país con estupor: quien había sido el máximo persecutor penal de Tarapacá —y después de la zona oriente de Santiago— ahora enfrentaba cargos por los mismos delitos que antes debía perseguir.
La historia de la Fiscalía Regional de Tarapacá se lee, así, como un relato de degradación progresiva. Los fiscales que debían impartir justicia terminaron, en más de una ocasión, del otro lado de la ley. Claudio Roe, intentando ingresar fármacos controlados a una cárcel.
Manuel Guerra, preso por cohecho y prevaricación. Dos ex fiscales regionales que, en lugar de perseguir el crimen, se convirtieron en parte de él. Sus caídas no son meras anécdotas. Son el espejo donde se refleja, con crudeza, el estado terminal de una institución que, en el
norte de Chile, parece haber perdido el rumbo.