Vecinos de la comuna se muestran escépticos de que el anuncio presidencial de recuperar “Barrios críticos” vaya a llegar por estos lados.

A finales de los años ochenta, cuando Cecilia Caro Ramírez llegó a la meseta que se extiende sobre Iquique, denominada Alto Hospicio, supo que había encontrado un lugar donde echar raíces. Era parte de las primeras oleadas de familias que conformaron lo que hoy es una de las comunas más complejas de Chile. Mujeres como ella, precursoras y organizadoras, forjaron en el desierto no solo una ciudad, sino una identidad. Sin embargo, en ese mismo suelo ahora crece una realidad que la preocupa profundamente.

“Nunca en la historia reciente de la comuna habíamos tenido un nivel de inseguridad como el que vivimos hoy”, menciona la comunicadora, una de las voces más reconocibles de la zona. Ella fue testigo de la transformación de Alto Hospicio, desde un asentamiento de pioneros hasta un foco delictivo que parece haberse salido de control. La comunicadora asegura que la llegada masiva de migrantes trajo consigo bandas y violencia, que hoy tienen tomada a la población.

Tierra de nadie: los pasos de la frontera

El cordón umbilical de esta crisis, según Cecilia Caro, se encuentra a más de cien kilómetros al noreste, en la comuna de Colchane. Esta zona fronteriza, que alguna vez fue un punto de trueque de ganado, se convirtió en el portón de entrada para una migración descontrolada. “Más de 50 pasos no habilitados se abren paso en Colchane, caminos que antes se decía que estaban sembrados de minas antipersonales y que hoy son utilizados por autos y personas para cruzar sin control”, advierte.

Cerros sitiados: La Mula, El Boro y el Pasaje 1

Lo que antes era un lugar con historia, por donde pasaban las antiguas caravanas, hoy es un símbolo de la violencia en la zona. La toma “Paso La Mula”, considerada la más grande del país, se extiende sobre más de cien hectáreas de terreno eriazo en la periferia sur de la comuna. En 2020, este territorio comenzó a ser ocupado de manera ilegal, convirtiéndose rápidamente en un hervidero de criminalidad.

Según testimonios de residentes, en la toma operaba una violenta mafia que loteó el desierto y cobraba “gastos comunes”. La investigación de la Fiscalía de Alto Hospicio y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI determinó que la organización delictiva vendía ilegalmente terrenos de 10 por 22 metros por valores de entre 250 mil y 300 mil pesos, extorsionando luego a los compradores con el pago de supuestos gastos comunes de luz, agua y basura. Para quienes no pagaban, las consecuencias eran brutales: primero les cortaban la luz y después, la casa era demolida, desalojando a las familias por la fuerza. “Dijeron que van a ir y van a matar a mi señora… son unos asesinos, es una mafia esto”, confesó un habitante del lugar al medio T13.

Otro de los epicentros del crimen es la toma “El Boro”. En enero de 2026, un grupo de seis sujetos se hizo pasar verbalmente por carabineros para ingresar a una vivienda y cometer un violento robo. Las víctimas advirtieron que los sujetos no portaban identificación oficial, enfrentaron a los delincuentes y estos huyeron en varios vehículos.

Más allá de las tomas, la inseguridad se ha filtrado al centro mismo de la vida cotidiana. En el pasaje 1 de la población Raúl Rettig, la Policía de Investigaciones detectó 14 puntos de venta de drogas en una sola calle de 120 metros. “Estos grupos organizados se han tomado este pasaje, donde hemos tenido procedimientos por tráfico de drogas, homicidios y robos”, explicó la fiscal jefa de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco.

La violencia sin freno: homicidios que estremecen

La sangre, lamentablemente, también ha manchado las calles de la ciudad. “Caminar por calles como Los Álamos con Tiliviche ya no es seguro”, menciona Cecilia Caro. El pasado 28 de mayo, tres jóvenes de 19 años y un adolescente de 17 llegaron hasta esa intersección con la intención de sustraer especies desde un vehículo estacionado. Al percatarse de la situación, un hombre de 34 años increpó a los sujetos, generándose una discusión que derivó en una agresión física en la que le propinaron una puñalada en la espalda. La víctima fue auxiliada y trasladada al SAR La Tortuga, donde falleció producto de una herida cortopunzante que comprometió uno de sus pulmones.

El homicidio calcinado del 23 de febrero, sin embargo, escaló a un nivel de sadismo que supera toda lógica. El cuerpo de un hombre fue encontrado en una fosa séptica abandonada en el sector ex Aguas del Altiplano, en la comuna, completamente calcinado. La investigación de la Fiscalía y la PDI estableció que el crimen ocurrió en la madrugada del 19 de febrero y que la víctima murió tras ser atacada con un elemento cortopunzante que le provocó una herida penetrante torácica. El imputado, un ciudadano colombiano de iniciales C.C.G., alias “Ze Pequeño”, trasladó el cadáver en un basurero con ruedas junto a otro sujeto para luego prenderle fuego usando acelerantes y neumáticos. Como si fuera poco, ambos sujetos amenazaron a un testigo que se encontraba en el sector con correr la misma suerte si denunciaba el crimen.

La sombra del crimen organizado

Más allá de estos crímenes específicos, los habitantes de Alto Hospicio viven bajo la sombra de organizaciones criminales transnacionales. El alcalde Patricio Ferreira ha señalado que “todo el mundo sabe, el fiscal regional lo ha dicho, el Tren de Aragua está instalado en Alto Hospicio”.

En febrero de 2026, catorce miembros de una célula de esta organización, conocida como “La Compañía-G4-La Casa”, fueron condenados a penas que suman más de cien años de cárcel. Iquique y Alto Hospicio se convirtieron en las zonas preferidas para torturar, secuestrar, asesinar y cometer delitos vinculados al tráfico de migrantes, prostitución y narcotráfico, pues fue allí donde el Tren de Aragua dio sus primeros pasos en la Región de Tarapacá desde 2019.

La paradoja del plan presidencial

En medio de este polvorín social, el pasado lunes 1 de junio, durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast lanzó su carta más potente en materia de seguridad: un plan para recuperar 50 barrios críticos. Con un discurso enfático, el mandatario prometió un antes y un después. “En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado”, sostuvo el mandatario, agregando que “una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro”. Para lograrlo, anunció una estrategia clara: “En cada uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido concretamente; habrá patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y contra el crimen organizado”.

Sin embargo, la euforia del anuncio choca de inmediato con la realidad política y administrativa del territorio. Consultados los actores locales, las dudas no tardan en aparecer. El concejal de Alto Hospicio, José Luis Astorga, observa con escepticismo desde la primera línea del municipio. En declaraciones a este medio, el edil fue contundente respecto a las reales posibilidades de que La Mula sea considerada dentro del plan presidencial:

“Respecto al anuncio de Kast, es difícil que esté incluido en las tomas. A mi entender, creo que pasará por los barrios prioritarios en los que la Subsecretaría de Prevención del Delito ha estado trabajando desde hace un tiempo. Este programa, anteriormente llamado Barrio en Paz, consiste en intervenciones sociales básicas que realiza la subsecretaría, como el mejoramiento de una plaza o una multicancha, que no son proyectos de alto costo. Aquí tenemos la población Raúl Rettig, que está hace rato como un barrio prioritario”, dice.

Referente a la toma La Mula, que en múltiples reportajes ha sido nombrada como la macrotoma más extensa de la zona norte, “no creo que esté incluida, porque el Estado no mete plata en los asentamientos ilegales de terreno. A mí me gustaría que se hiciera una intervención en los lugares donde claramente se cometen delitos, pero no creo que suceda en este caso, porque se optará por los barrios prioritarios”.

La opinión del concejal Astorga deja al descubierto la enorme paradoja del plan de Kast. El presidente promete mano dura y recursos para los “barrios críticos”, pero el aparato estatal históricamente ha evitado invertir en terrenos ilegales por una razón jurídica elemental. No se puede financiar obras públicas en suelo usurpado sin legitimar la ocupación. Así, el lugar que más necesita una intervención integral es, por su propia condición de irregularidad, el que el Estado se siente impedido de tocar. Un callejón sin salida que la retórica presidencial aún no ha resuelto.

El grito de una comuna asediada

De regreso a las calles, la voz de Cecilia Caro se torna grave. “He sido carabinera por un día, he trabajado con la comunidad, pero esto es un problema de Estado. No podemos seguir normalizando la violencia, los disparos y la muerte en cada esquina”, sentencia.

Los datos le dan la razón. Un estudio de World Vision Chile reveló que el 77% de los niños y adolescentes de Alto Hospicio aseguraron que rara vez se sienten seguros en su propio barrio. Las plazas, calles y espacios públicos son percibidos por ellos como lugares de riesgo, asociados a violencia, robos, consumo de drogas y balaceras.

Alto Hospicio, la ciudad construida por mujeres fundadoras, hoy es una comuna asediada. Las cifras de homicidios, las denuncias de bandas organizadas y la desesperanza de sus vecinos dibujan un futuro incierto. “El riesgo es que esta violencia se instale como un mal crónico, del cual sea difícil erradicar”, concluye Caro, quien sueña con los días en que los jóvenes podían caminar tranquilamente por el desierto y los niños jugaban en las calles sin temor.