Desde la recién creada Enlace Urbano hasta la histórica Fundación Crear, el hilo de los convenios públicos dejó al descubierto un sistema frágil, sin controles y con una ciudad entera preguntándose dónde quedaron los millones.

La mañana

Eran las 8:00 de un jueves de agosto de 2023 cuando los vehículos de la PDI frenaron frente a la Seremi de Vivienda de Tarapacá. No hubo estruendo, solo el rumor de los pasos apresurados y el chasquido de las cerraduras forzadas. En la oficina del Serviu, los funcionarios miraban sin entender cómo sus computadores, carpetas y memorias USB terminaban dentro de bolsas de evidencia. A cientos de kilómetros, en Santiago, otro grupo de detectives golpeaba la puerta de la Fundación Enlace Urbano.

La orden venía del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. No era un operativo cualquiera: era el primer acto público de una investigación que ya llevaba semanas cocinándose en silencio. Y el motivo era tan directo como escandaloso: una fundación recién creada en abril de 2021, con domicilio en Las Condes, había recibido $782.724.723 en un solo día desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá. Sin licitación, sin postulación, sin oficinas en la región. Solo un papel, una firma y un número que no cabía en la cuenta corriente de ningún vecino de Iquique.

“Economía procesal”, justificaron desde el Minvu. Pero el fiscal Ríos no compró esa explicación. “Hay indicios para configurar algún delito”, dijo entonces. Los delitos: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno.

Los nombres

Poco después, la lista se alargó. No solo Enlace Urbano. También apareció EnRed Social, que en el mismo mes de julio de 2022 había firmado siete convenios por $1.060 millones con la misma Seremi. También sin oficinas en Tarapacá. La Contraloría empezó a mirar los papeles y encontró lo que nadie quería ver: rendiciones fuera de plazo, gastos improcedentes, facturas sin respaldo. La plata se había ido como el agua entre los dedos.

Y entonces llegó el turno de Fundación Crear. Esa sí era conocida en Iquique. Tenía décadas de historia, una sede fija en Obispo Labbé #1235. No era una recién llegada. Sin embargo, también había firmado convenios con el Minvu, cuatro en total, y también aparecía en el informe de la Contraloría con las mismas irregularidades. Junto con Techo, completaban la nómina de las cuatro fundaciones investigadas en Tarapacá.

El informe de mayo de 2024 era lapidario: entre 2021 y 2023, la Seremi había transferido $3.992 millones a estas cuatro organizaciones. Solo se rindieron $1.948 millones. El resto, un agujero negro de casi dos mil millones de pesos, seguía sin explicación.

La ciudad

Pero el escándalo no terminó en los convenios. En Iquique, otra fundación, Defendamos la Ciudad, venía observando con lupa lo que pasaba en la Dirección de Obras Municipales. No era plata de convenios, sino permisos de construcción. Y lo que encontraron fue peor: desde julio de 2022, la municipalidad había otorgado certificados y permisos de edificación en zonas de alto riesgo de tsunami, vulnerando el Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá.

La Contraloría les dio la razón en enero de 2025 con el dictamen N° E310. Ordenó anular 73 permisos de edificación. Al menos 21 grandes proyectos inmobiliarios quedaron en el limbo. La fundación denunció “corrupción o ineptitud” y pidió que el Consejo de Defensa del Estado investigara posibles colusiones. El alcalde Mauricio Soria, hasta hoy, no ha dado una respuesta clara.

El político

El que sí habló fue Renzo Trisotti. En ese entonces diputado, hoy senador por la región. Fue uno de los primeros en querellarse, junto con la senadora Luz Ebensperger. Presentó una acción criminal por fraude, malversación y tráfico de influencias. Integró la comisión investigadora de la Cámara, pidió levantar los secretos bancarios de las fundaciones, exigió citar a los seremis de Vivienda.

“Esto no puede quedar en nada”, repetía en cada entrevista. Y tenía razón. Pero el tiempo pasó. Trisotti dejó la Cámara y llegó al Senado en marzo de 2026. Su agenda se llenó de otros temas: Zofri, el Teatro Municipal, la seguridad. El caso de las fundaciones, poco a poco, se fue desdibujando de sus discursos.

El presente

Hoy, a más de dos años de aquellos allanamientos, Iquique sigue esperando. Las causas penales avanzan, pero lentas. La Fiscalía Regional confirmó que se abrieron líneas para dos nuevas fundaciones —cuyos nombres no han sido revelados— y que las investigaciones fueron separadas para darles mayor celeridad. Pero no hay condenas. No hay dinero recuperado. No hay responsables tras las rejas.

Mientras tanto, las fundaciones no han desaparecido. Enlace Urbano y EnRedSocial siguen operando desde Santiago, sin oficinas en la región. Fundación Crear, la histórica, sigue congelada en su sede de Iquique. Y los campamentos que debían ser intervenidos con esos millonarios recursos continúan igual: casas de lata, calles de tierra, niños jugando entre el polvo.

Iquique es una ciudad puerto, de salitre, de historias. Pero esta historia aún no tiene final. Solo el rumor de los expedientes que se acumulan en los escritorios de la Fiscalía, el eco de los allanamientos de aquel jueves de agosto y el silencio de los convenios que nadie termina de rendir.