El académico de la Universidad Arturo Prat, Pedro Gómez Bastidas, analiza la gestión de la emergencia en Tarapacá. Despeja dudas sobre la polémica evacuación de la Zona Franca y advierte que, ante el cambio climático, los escenarios históricos ya no son suficientes para proteger a las personas y las organizaciones.

Las intensas precipitaciones que azotaron a la región de Tarapacá en agosto de 2026, con acumulados históricos de 16 mm en una zona donde la normal climatológica es apenas 0,2 mm, dejaron al descubierto no solo la fuerza de la naturaleza. También mostraron las grietas en la logística de respuesta y las tensiones en la toma de decisiones. La polémica por la orden de evacuar la Zona Franca —considerada tardía por algunos sectores— abrió el debate sobre quién decide y con qué información se actúa frente a una amenaza aluvional.

Para despejar el ruido político y abordar el problema desde la rigurosidad técnica, conversamos con el Magister Pedro Gómez Bastidas, académico y director del Departamento de Formación Técnica de la Universidad Arturo Prat. Ingeniero en Prevención de Riesgos, Higienista Ocupacional, Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres y Continuidad Operacional, Gómez es una de las voces más autorizadas en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la zona. Su mirada no solo analiza lo ocurrido con objetividad, sino que traza una hoja de ruta urgente para que Iquique no vuelva a tropezar con la misma piedra frente al inminente escenario de cambio climático y eventuales fenómenos como “El Niño”.

ENTREVISTA

Circuló la crítica de que la orden para evacuar la Zona Franca llegó tarde. En concreto, ¿quién determina las zonas de riesgo y en virtud de qué información se toma esa decisión? ¿Cómo se articula realmente la institucionalidad entre los equipos técnicos de terreno y la dirección de Senapred?

–Sería irresponsable emitir un juicio sin conocer la trazabilidad completa de la decisión: qué información estaba disponible, a qué hora, cómo evolucionó la amenaza y en qué momento se adoptaron las medidas. Desde la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), no es una decisión exclusiva de una persona. La ley N.º 21.364 establece el SINAPRED, donde participan distintos organismos. SENAPRED cumple funciones de asesoría y coordinación, y su Dirección Regional ejerce la secretaría técnica del COGRID Regional, presidido por el Delegado Presidencial.

Las zonas expuestas no se determinan en la emergencia; existen estudios técnicos, como la cartografía de peligro por remociones en masa de SERNAGEOMIN para Iquique y Alto Hospicio. Durante una emergencia, ese conocimiento se complementa con información dinámica: meteorológica, hidrométrica y territorial. Por eso, más que preguntar quién dio la orden, hay que reconstruir la secuencia de decisiones para identificar mejoras.

Hay un segundo nivel: la GRD Territorial debe articularse con la GRD de los Centros de Trabajo. Desde febrero de 2025, el DS N.º 44 MINTRAB exige a las empresas contar con planes de respuesta. Ante un riesgo grave, hay obligaciones de información y evacuación. La protección no descansa solo en una alerta territorial; hay una responsabilidad preventiva dentro de cada organización.

—Para el seguimiento de quebradas, ¿con qué recursos cuentan en Iquique? ¿Existe un despliegue local con vigilantes, informantes en terreno o drones, o la decisión se sustenta casi exclusivamente en modelos satelitales?

–No diría que la decisión se basa exclusivamente en imágenes satelitales. El sistema integra información de la Dirección Meteorológica, la DGA, SERNAGEOMIN, municipios y observaciones en terreno. En Tarapacá existe una red de monitoreo hidrometeorológico de la DGA que permite seguir precipitaciones y crecidas. Durante esta contingencia, hubo despliegues preventivos y recorridos por quebradas.

Pero veo una oportunidad de fortalecimiento. Una amenaza aluvional evoluciona en periodos breves, por lo que se debe avanzar hacia un sistema de alerta temprana más robusto, con pluviómetros automáticos, sensores en quebradas, cámaras, comunicación multicanal y, eventualmente, drones. El desafío está en integrar todas esas capacidades en una arquitectura común de monitoreo y asociarlas a umbrales predefinidos para la toma de decisiones. El dato por sí solo no salva vidas; lo fundamental es saber qué acción ejecutar cuando un indicador alcanza cierto nivel.

-Mirando al futuro, y considerando fenómenos como el “Niño Godzilla”, ¿qué medidas concretas y urgentes debiera implementar Iquique para no repetir los mismos problemas logísticos y de respuesta?

–No sería técnicamente correcto atribuir este episodio únicamente a “El Niño”, pues confluyen condiciones atmosféricas propias de la región, además del cambio climático. Pero lo ocurrido en agosto nos obliga a revisar nuestros escenarios históricos. La estación Diego Aracena tiene una normal climatológica de 0,2 mm para agosto, y este año acumuló 16,0 mm, siendo el agosto más lluvioso de la serie, con un superávit de 1.677,8 %

Hay prioridades inmediatas:

1. Actualizar el conocimiento del riesgo: revisar quebradas, zonas de alcance, población expuesta, infraestructura crítica y centros de trabajo. SERNAGEOMIN ya tiene cartografía base.
2. Evaluar medidas estructurales: verificar obras de control aluvial, encauzamientos y drenaje, y su comportamiento ante escenarios superiores a los históricos.
3. Fortalecer medidas no estructurales: monitoreo, alertas tempranas, protocolos de evacuación, señalización, simulacros y comunicación.
4. Articular la GRD Territorial con empresas, instituciones y la sociedad civil. El artículo 20 del DS N.º 44 refuerza la coordinación entre entidades empleadoras.

Este evento debe verse como una oportunidad de aprendizaje. La Ley 21.364 marcó un cambio de paradigma: pasar de administrar la emergencia a una gestión permanente del riesgo, trabajando en prevención, mitigación y preparación. La GRD es una responsabilidad compartida que requiere Estado, organismos técnicos, gobiernos locales, empresas, trabajadores, academia y ciudadanía. Cuando esas capacidades se articulan, aumentamos nuestra posibilidad de anticiparnos. Esa es la principal lección que deberíamos recoger de lo ocurrido en Tarapacá.