Fernando Cerimedo no cayó en una cárcel cualquiera. Cayó en Palmasola, la “ciudad prisión” más peligrosa de Bolivia, y terminó en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad del altiplano. Su historia revela las entrañas de un sistema penitenciario donde se trabaja sin paga, se festeja con fuegos artificiales y se paga coima por casi todo. Y su sombra se extiende hasta Chile, donde una comisión investigadora y una causa penal buscan esclarecer si sus bots intervinieron en las elecciones.

Por Rodrigo Ramos Bañados

A las 3:30 de la madrugada del 8 de septiembre de 2026, cuando Santa Cruz de la Sierra aún dormía, Cerimedo dejó Palmasola escoltado por un amplio dispositivo policial rumbo al aeropuerto de Viru Viru, esposado y flanqueado por dos policías. Durante casi una hora no hubo incidentes, pero se le vio inquieto: levantaba las manos hasta el rostro y volvía la mirada hacia la ventanilla.

Al bajar del avión en El Alto, un equipo de prensa alcanzó a conversar brevemente con él. Sobre su traslado, dijo que sus procesos estaban en manos de la justicia. Sobre Nadia Beller, su expareja y víctima del ataque que se le imputa, señaló que ella responderá ante la Justicia. Y sobre el presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien había asesorado, soltó una frase que resonó en los medios: “Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca”. El viaje terminó horas después en el páramo de Viacha, detrás de los muros de Chonchocoro. Pero para entender lo que dejó atrás hay que retroceder unos días, hasta su ingreso a Palmasola.

Palmasola: el pueblo prisión

Palmasola no es una cárcel común. Es un complejo de 34 hectáreas construido en los años 70 para 600 reclusos que hoy aloja a unos 9.000, con un hacinamiento que supera el 200%. Casi el 80% de los internos está bajo prisión preventiva, sin condena firme. Tiene restaurantes, gimnasios, iglesias, farmacias y negocios administrados por los propios presos. Un exconvicto entrevistado por InSight Crime lo resumió sin ambages: “En Palmasola se puede conseguir casi cualquier cosa, siempre y cuando se les pague a los policías que custodian las puertas”.

Los cerca de 40 o 60 policías que custodian el penal pueden ganar hasta 20.000 dólares al día por los “peajes” que cobran por el ingreso de personas y productos, dinero que se destina a sobornar a oficiales de mayor rango. En diciembre de 2025, un suboficial fue encontrado con Bs 4.000 en su escritorio por cobrar a familiares de internos, y ocho policías fueron apartados de sus cargos por cobros irregulares. Nada ilustra mejor el nivel de impunidad que la fiesta de octubre de 2015: el excomandante Oscar Nina, recluido por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, celebró su cumpleaños con show musical y fuegos artificiales dentro de la cárcel. Palmasola es, además, la cárcel donde en 2013 un enfrentamiento entre reclusos derivó en un incendio y una masacre que dejó 35 muertos, incluido un bebé de 18 meses. Se cree que dentro operan células del Comando Vermelho.

Moneda de cambio

En Palmasola, el trabajo no es un derecho garantizado: es un privilegio que se compra, se negocia y, en muchos casos, no se paga. Un informe de la Defensoría del Pueblo documenta que “la inscripción a rubros de trabajo… está condicionada a la capacidad económica” de los internos, y que la mayoría de los materiales de trabajo son provistos por ellos mismos. Pese a esas limitaciones, unos 700 privados de libertad generan sus propios recursos: en el taller de carpintería del PC-4 fabrican camionetas, aviones y motos a escala, llaveros y utensilios que luego venden; en 2025, unos 1.200 internos elaboraron más de 2.000 productos de madera para la Expocruz. El trabajo funciona en dos registros: vía legítima de reinserción para algunos, obligación no remunerada para otros.

Penal del altiplano

Chonchocoro, en Viacha, a unos 30 kilómetros de La Paz, es la única prisión de máxima seguridad de Bolivia. Allí Cerimedo cumple detención preventiva por seis meses mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. En septiembre de 2026, seis brasileños presuntamente vinculados al Comando Vermelho también fueron trasladados hasta ahí. El 24 de ese mes, Cerimedo respondió a más de 300 preguntas de los fiscales durante siete horas: negó haber recibido sueldo del Estado boliviano y aseguró que su dinero proviene de empresas en Argentina, Chile y Estados Unidos, con ingresos anuales cercanos al millón de dólares. Su defensa insiste en que solo tuvo una “amistad” con Paz, limitada a la campaña de 2025, y advirtió que la vida de Cerimedo “corre peligro” si lo cambian de penal.

Conexión chilena

La detención encendió las alarmas en Chile, donde el nombre de Cerimedo ya estaba vinculado a operaciones digitales: su empresa Numen SpA habría operado en el plebiscito de 2020 y en campañas posteriores. En el allanamiento a su casa, la policía halló una “mini granja de bots”, y dos cuentas de X que atacaban a Evelyn Matthei fueron desactivadas justo cuando cayó detenido. El Congreso aprobó una comisión investigadora sobre el uso de bots en campañas desde 2020, impulsada por el diputado José Montalva, y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una causa por delitos informáticos, amenazas y posible asociación ilícita, a raíz de una denuncia del diputado Juan Santana.

Kast negó cualquier vínculo con el consultor: “El Gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”. Nadia Beller sostiene lo contrario: que Cerimedo “se vanagloriaba de haber instalado a José Antonio Kast en el sillón presidencial” y que estuvo en comunicación permanente con gente en Chile “el día de las elecciones”.

El silencio de las rejas

Mientras en Chile la política se agita, Cerimedo permanece recluido en una celda de máxima seguridad de Chonchocoro, lejos de los reflectores que alguna vez lo encumbraron como el estratega digital de las derechas latinoamericanas. Por ahora, el “rey de los trolls” guarda silencio, a la espera de que la justicia boliviana resuelva los procesos que enfrenta: el intento de feminicidio contra Beller, el presunto enriquecimiento ilícito y la violencia familiar y doméstica. Beller, por su parte, dijo que permanecerá tranquila mientras él siga detenido: “Mientras más lejos de mí esté, mejor”.

En Chile, la sombra de sus bots sigue proyectándose sobre el debate político, recordatorio incómodo de que la guerra digital no conoce fronteras. Y en Palmasola, la cárcel que lo recibió primero, la letra pequeña del sistema penitenciario sigue funcionando como siempre: se trabaja sin paga, se festeja con fuegos artificiales y se paga coima por casi todo. La pregunta es si desde una celda de máxima seguridad también se puede seguir operando. La justicia chilena y la boliviana parecen dispuestas a averiguarlo.