El desierto de Atacama experimenta una bonanza minera que impulsa el PIB chileno, pero sus regiones sufren un escaso desarrollo y graves externalidades. Existe una falta de compromiso corporativo e ineficiencia pública local, por lo que se exige un nuevo pacto fundado en la reciprocidad andina o ayni.

Por Carlos Cantero Ojeda, Geógrafo, Máster y Doctor en Sociología

En el desierto de Atacama la minería vive un momento de bonanza. Alta productividad y buenos precios internacionales sostienen buena parte del Producto Interno Bruto de Chile. Pero esa riqueza convive con una herida abierta: las regiones mineras exhiben un desarrollo escaso y una calidad de vida gravemente afectada por las externalidades de la actividad. Somos el gran hub minero, industrial y de servicios de calidad global, y valoramos sus inversiones y su aporte al desarrollo. Este no es un alegato contra la minería. Es un reclamo a favor del desarrollo de las regiones mineras y de su gente; es la petición de una buena vecindad. Aspiramos, legítimamente, a recibir una parte justa del bienestar que nuestro suelo genera para el país.

Espacios de flujo o lugares con identidad y afectividad

El geógrafo Yi-Fu Tuan distinguía el espacio, abstracto y medible, del lugar: ese mismo espacio cargado de simbolismo, afectividad, experiencia y memoria. Marc Augé llamó “no lugares” a los sitios de tránsito anónimo —aeropuertos, autopistas— donde nadie construye identidad. Edward Relph advirtió sobre la “carencia de lugar” que provoca la estandarización.

Así vive el norte minero. Hemos sido tratados como espacios de operación, nodos logísticos y campamentos de paso, no como lugares con valor simbólico. Es la lógica del enclave: dentro de la faena, estándares tecnológicos de nivel mundial; hacia la ciudad, las externalidades: polvo, contaminación, congestión y una carestía que ahoga a las familias. No hay compromiso territorial.

La conmutación laboral agrava la herida. En los territorios mineros, un tercio de los trabajadores son foráneos: llegan en avión a cumplir turnos y regresan a sus hogares en otras regiones. Su gasto, su inversión y sus tributos se van con ellos. La paradoja es brutal: aeropuertos saturados de vuelos para faeneros, incluso directos a Concepción, mientras los habitantes del norte no tenemos conexión aérea directa con nuestras ciudades vecinas. Lo viven Antofagasta, Iquique, Arica, Calama y Copiapó: para conectarse entre sí hay que pasar por Santiago.

El cuerpo sin alma

Hay una paradoja elocuente: se firman contratos, circulan flujos financieros y se levantan obras, pero los territorios siguen subvalorados, sin identidad, en franco deterioro. El problema no es de ingeniería ni de dinero. En lo privado, es la falta de compromiso de los ejecutivos de la minería, la industria y los servicios con nuestras comunidades. En lo público, es un centralismo aplastante y una influencia política asimétrica que genera odiosos privilegios en la distribución de la riqueza minera, sin la debida reciprocidad con las zonas que la producen.

Los territorios mineros son tratados como enclaves: espacios de flujos y circulación para la operación. Pero, sin alma, no hay compromiso con su desarrollo humano ni con su identidad. El alma —la emoción, la empatía, la pertenencia— no se decreta ni está en cátodos, ánodos o concentrado. Se cultiva con identidad, respeto, vínculos, confianza, solidaridad y reciprocidad. Hoy la relación entre la minería y su entorno es de irrespeto.

Centralismo fiscal y promesas incumplidas

Los tributos que genera el norte viajan más de mil kilómetros hacia la capital. Las comunas acomodadas de Santiago, donde se asientan las casas matrices y residen los ejecutivos, disfrutan los rendimientos del cobre sin padecer la escasez, la carestía de la vida, las externalidades de la industria ni la saturación de los servicios.

Existen avances —patentes mineras, royalty, instancias locales—, pero la pregunta sigue abierta: ¿son suficientes, oportunos y proporcionales? La Responsabilidad Social Empresarial está comprometida con el desarrollo del territorio. Observamos que suele reducirse a donaciones asistenciales y eventos de imagen. Obras sin alma.

También cabe la autocrítica. La gestión regional y municipal de los recursos exige mayor excelencia: planificación, visión prospectiva, participativa y mejores proyectos estructurales. Se requiere la fiscalización, pero esta funciona precariamente. No se aprecia un control efectivo sobre autoridades  de parte de los órganos responsables, los fiscalizadores por excelencia: Diputados, Consejeros Regionales y Concejales. La cultura del mérito ha sido secuestrada; hasta ahora ha primado la motivación político-partidista, que ha traído corrupción y mediocridad en el uso de los recursos públicos.

Capital social y reciprocidad: el ayni

James Coleman demostró que los mismos recursos rinden frutos distintos según la confianza, diversidad y compromiso. Robert Putnam mostró que la participación cívica predice adecuadamente el bienestar. Pierre Bourdieu añadió el capital simbólico: sin participación comunitaria, las obras carecen de legitimidad. Invertir en educación y salud es vital, para generar capital humano y capital social.

Las culturas andinas del norte nos ofrecen una lección viva: el ayllu, la común unidad, y el ayni, la reciprocidad. Dar y recibir sostiene la red social; no es una deuda contractual, sino un compromiso de mutuo cuidado y respeto. Desde el Vivir Bien Andino, Javier Medina recuerda que el bienestar radica en el equilibrio de las relaciones. Todo recurso extraído exige una devolución equitativa. Extraer sin restituir rompe el ciclo del cuidado mutuo y siembra resentimiento.

El desarrollo equilibrado y armónico no es una utopía

El Índice de Desarrollo Humano, impulsado por Amartya Sen y enriquecido por Martha Nussbaum, superó la mirada puramente económica. Pero mide cobertura, no la calidad de los lazos ni el sentimiento de pertenencia. Las obras se miden por la comunidad que logran sostener.

La experiencia internacional prueba que hay modelos solidarios y de gran reciprocidad. En Canadá, los Acuerdos de Impacto y Beneficios obligan por contrato a garantizar empleo local y compensaciones. En Australia, la Ley de Título Nativo asegura ingresos permanentes y capacidad de negociación a las comunidades originarias. En Suecia, el traslado de Kiruna se diseñó junto a sus habitantes para resguardar la memoria urbana.

Un nuevo pacto

Las regiones mineras pedimos un nuevo pacto público-privado: en nuestras ciudades, los mismos estándares de calidad exigidos dentro de la faena; arraigo laboral con oportunidades para la gente local, conectividad entre nuestras ciudades; y una administración pública comprometida con la excelencia y la necesaria fiscalización del uso de los recursos públicos.

El norte no pide caridad ni favores. Pide reciprocidad justa y legal por la riqueza que aporta a la patria. Queremos que la minería siga creciendo, pero con alma: que sus beneficios también se queden en quienes habitan, sueñan y resisten en el desierto. Si las promesas siguen incumplidas, los diagnósticos dóciles darán paso a la movilización social. Aún estamos a tiempo de transformar el enclave en lugar, y el lugar en comunidad.