Una oportunidad histórica para instaurar una verdadera cultura de cumplimiento gubernamental.
Ante el anuncio del presidente José Antonio Kast de realizar auditorías internas profundas en el aparato estatal como parte de sus primeros decretos, Fernando Pérez Tapia, especialista con más de 15 años de experiencia en Auditoría Forense y Compliance, evalúa la medida como “una señal correcta y urgente”, pero advierte que su impacto real dependerá exclusivamente del enfoque técnico que se le imprima.
“El diablo, como siempre en la administración pública, está en los detalles”, señala Pérez Tapia, contador auditor especializado en investigación de delitos económicos. El experto explica que históricamente en Chile los cambios de administración han anunciado “auditorías” que terminan siendo meras revisiones financieras tradicionales.
“No solo necesitamos saber si las sumas y las restas cuadran formalmente con la ley de presupuestos; necesitamos evaluar la racionalidad económica de las decisiones tomadas. ¿Estamos financiando programas públicos que tienen impacto real o estamos subsidiando ‘grasa burocrática’?”, cuestiona el especialista. Pérez Tapia enfatiza que la instrucción presidencial debe traducirse en auditorías forenses y de gestión, capaces de analizar críticamente licitaciones, tratos directos y posibles conflictos de interés, más allá del cumplimiento formal.
El anuncio representa, según el experto, una oportunidad histórica para instaurar una verdadera cultura de compliance gubernamental. “En el sector privado, un directorio exige mapas de riesgos, canales de denuncia efectivos y oficiales de cumplimiento con autonomía real. El Estado chileno opera muchas veces con estándares de control interno de la década de los noventa”, afirma.
Desde la Fundación para la Gobernanza y la Gestión Educacional, Pérez Tapia ha insistido en que la gobernanza moderna exige rendición de cuentas (accountability) sobre el retorno social de cada peso invertido. “Las auditorías ordenadas por La Moneda deben servir como diagnóstico para rediseñar los controles preventivos del Estado, no solo como herramienta correctiva o punitiva”, agrega.
Politización
El especialista advierte sobre un peligro inherente a este tipo de decretos: que la auditoría se utilice como una “cacería de brujas” política contra la administración saliente, perdiendo su foco técnico. “Para que esta iniciativa sea responsable y creíble frente a la ciudadanía, debe ejecutarse con una asepsia política absoluta. Los hallazgos deben sustentarse en evidencia documental irrefutable, en el cruce de datos masivos con inteligencia artificial y en metodologías de investigación forense estandarizadas”.
Fernando Pérez Tapia concluye que las auditorías internas no deben verse como un gasto o trámite administrativo, sino como la principal inversión en transparencia democrática. “Ha llegado la hora de abrir la ‘caja negra’ de la administración pública, aplicar una reingeniería profunda a sus procesos y asegurar que el Estado chileno opere bajo los más estrictos estándares de integridad, eficiencia y compliance. Solo así recuperaremos la confianza en nuestras instituciones”.