Con sede en Iquique, tiene la finalidad de coordinar la seguridad y el control fronterizo en el norte del país. Autoridades regionales y políticos de la zona advierten que la medida podría transformarse en más burocracia, si no se precisan recursos, facultades y marco legal. También surge el cuestionamiento en relación a si el comisionado continuará recibiendo su pensión de la Armada mientras ejerza el cargo.
Dentro de sus primeros seis Decretos Supremos, el Presidente José Antonio Kast oficializó este 11 de marzo la creación del cargo de Comisionado para la Macrozona Norte,designando al vicealmirante (r) de la Armada, Alberto Soto Valenzuela. Esta nueva figura institucional, se ha señalado, tendrá como misión principal coordinar las acciones de seguridad y control migratorio en los más de 1300 kilómetros que abarcan las tres regiones fronterizas del norte: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El cargo, que dependerá directamente del Ministerio del Interior, fijó sede en Iquique y busca reforzar la presencia del Ejecutivo en el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales.
Funciones Clave
En cuanto a las funciones clave que asumirá el comisionado, están la coordinación con las FF.AA., Carabineros y PDI en la frontera norte; articular servicios fiscalizadores; generar propuestas contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional y ser el enlace directo con el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el Comando Conjunto Norte (CCN) y las Jefaturas de Áreas Fronterizas (JAF).
Aunque el cargo fue presentado como parte de las medidas asumidas por el autodenominado “gobierno de emergencia”, aún no se han detallado las atribuciones legales específicas ni el mecanismo de financiamiento que sostendrá la labor del comisionado. Según fuentes del Ejecutivo, si bien su dependencia estará ligada al Ministerio del Interior, los recursos provendrían del presupuesto nacional de seguridad. En esa línea, aún no se han precisado montos, ni partidas concretas.
Dudas y alertas
Al mismo tiempo, dentro del propio mundo de la Defensa, surgieron dudas y alertas. Según consta en una publicación de un medio nacional, desde institutos militares, Fuerzas Armadas y las policías coinciden en que las facultades descritas por el presidente “chocan de plano con la legalidad vigente”. Esto principalmente por la cadena de mando. En efecto, el mando sobre las Fuerzas Armadas constitucionalmente recae sobre el Presidente de la República, el ministro de Defensa y los comandantes en Jefe de las instituciones armadas, por lo que la figura del comisionado legalmente no tendría atribuciones claras.
Qué dicen en la región
Desde el anuncio de este nuevo cargo, a fines de febrero pasado, las críticas no se hicieron esperar. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, luego de reunirse hace unas semanas con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y con el Comisionado, Alberto Soto, señaló que su principal preocupación es que esta nueva figura no termine transformándose en “algo mucho más burocrático” que complique, en lugar de facilitar, la coordinación territorial. “Tenemos que saber cuáles son las facultades que va a tener, porque si tenemos autoridades designadas que no cuentan con recursos ni con facultades claras, la verdad es que va a haber un problema de coordinación”, advirtió. Carvajal recordó además que el espíritu original del cargo debía apuntar a ordenar y agilizar el trabajo interinstitucional, no a duplicar instancias, aludiendo a las facultades y obligaciones de los delegados presidenciales y los gobiernos regionales.
Similar opinión señala Camila Castillo, ex Delegada Presidencial Provincial de Tamarugal, durante el gobierno saliente, quien tuvo una estrecha relación con las FFAA apostadas en la frontera. “En el Estado existen personas contratadas para cumplir las funciones de este comisionado, los delegados presidenciales regionales y provinciales y el Comando Conjunto Norte. Si el cargo no viene con funciones ejecutivas reales ni con presupuesto distinto, difícil que logre ser exitoso”, señaló.
¿Doble sueldo?
En relación al cuestionado financiamiento del cargo, Castillo recordó que “es importante que se transparente a la ciudadanía el costo que tendrá el ejercicio de este cargo llamado de emergencia, sobre todo que se indique si la pensión de retiro de la Armada que recibe el comisionado será suspendida o recibirá doble sueldo con fondos públicos”. En efecto, la ex delegada presidencial provincial abre un cuestionamiento que debería ser respondido por la autoridad, considerando que los rangos de pensiones de ex oficiales que alcanzaron los más altos grados en las fuerzas armadas, alcanzan valores superiores a los 3 millones de pesos mensuales, pagados con recursos públicos.
Primera actividad en terreno
En tanto, ajeno a los cuestionamientos por la creación de este cargo, ya en terreno, en su primera actividad, el comisionado presidencial Alberto Soto, se trasladó hasta Colchane y desde su cuenta de X señaló: “Para el Gobierno de Chile, obtener el control de nuestra frontera en la macrozona norte es una prioridad absoluta. Desde el primer día comenzamos a trabajar, junto a un gran equipo de profesionales comprometidos, para cumplir esta tarea con éxito”.
Con este nombramiento, el Gobierno intenta instalar un nuevo eje de coordinación institucional, pero el debate político deja en evidencia que el cargo enfrenta un desafío doble: demostrar eficacia en el terreno y superar la percepción de que se trata de una respuesta simbólica más que de una solución estructural.
El avance y consolidación de este cargo se verá a partir del momento en que el decreto sea publicado en el Diario Oficial. Si la redacción deja espacio a dudas en el ámbito jurídico o respecto de superposición de funciones ya asignadas a autoridades existentes, es probable que sea objetado por Contraloría.