Durante los cinco años que Manuel Guerra fue Fiscal Regional de Tarapacá, supo moverse en las redes del poder y aunque no siempre logró victorias judiciales sólidas, la imputación de figuras políticas locales le dio notoriedad a su gestión. Ese contraste entre estrategia política y debilidad judicial define su paso por esta región, permitiéndole llegar a lo que sería su último cargo en el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Manuel Antonio Guerra Fuenzalida fue conocido como un operador hábil en lo institucional, pero con algunas falencias en la efectividad procesal, mientras estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá, entre 2010 y 2015.
Llegó a Iquique en diciembre de 2010 y con apenas 35 años, se convirtió en el rostro del Ministerio Público en esta zona, donde las causas por narcotráfico y la vulnerabilidad fronteriza ocupaban gran parte de la agenda de la fiscalía. Su arribo fue leído como parte de la estrategia del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para reforzar la presencia institucional en regiones extremas.
Desde temprano, Guerra mostró habilidad para moverse en las redes del poder. Su breve paso como militante del Partido Radical, previo a su ingreso al Ministerio Público en 2002, le ayudó a tender lazos con líderes políticos locales. Probablemente esa pudo ser la razón por la que el nombramiento de su esposa, María Fernanda Martínez Saldías, como directora regional de Sernageomin en julio de 2014, generó molestia en la zona, según aseguraron fuentes del organismo estatal, en aquella época, cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet llevaba pocos meses de instalado. Este hecho reforzaba la percepción de que Guerra no solo administraba justicia, sino también relaciones estratégicas.
Jefe ausente
Pero no solo en el ámbito político generó incomodidad el estilo del fiscal regional, en su propia repartición pública, funcionarios se mostraban sorprendidos por la escasa presencia de Guerra en sus oficinas. “Iba muy poco a la Fiscalía, yo lo vi muy pocas veces. Con suerte aparecía para actos protocolares y no tenía más contacto con nosotros que un saludo formal”, comenta una funcionaria en ejercicio en esos años.
En cuanto a su rol como persecutor público, su estilo ya mostraba señales de pragmatismo político: prefería acuerdos y salidas procesales que evitaran juicios largos y desgastantes para la fiscalía. Los casos más bullados en esa línea en Tarapacá fueron el de la Municipalidad de Alto Hospicio en 2013, cuya investigación por presunto fraude al fisco y uso irregular de fondos municipales, terminó con el alcalde y funcionarios de la época beneficiados con sobreseimientos parciales y suspensión condicional del procedimiento. A eso se sumó el caso de contratos irregulares en ZOFRI del 2014, relativo a denuncias por contratos irregulares en la Zona Franca de Iquique, que tuvo alta connotación pública en los medios locales, causa que se cerró sin formalizaciones relevantes.
Otro de los casos con alta notoriedad pública regional fue el de corrupción en Carabineros de Iquique del año 2015. Se trató de una investigación por uso indebido de recursos en la institución, que concluyó con oficiales beneficiados con sanciones menores y salidas alternativas.
Manuel Guerra fue criticado por la forma en que cerró o suavizó éstas y otras causas de corrupción y fraude en la región. En efecto, varios políticos y actores locales acusaron que los imputados resultaron beneficiados con sobreseimientos o salidas alternativas, en desmedro de un juicio que permitiera llegar al fondo en cada caso. Sin embargo, todos esos resultados sumaban en las estadísticas de logros procesales de la fiscalía regional, aunque adolecían de poco impacto real.
El tropiezo del Caso Muebles
Previo a los acuerdos y sobreseimientos mencionados, en 2012 Manuel Guerra enfrentó un episodio que marcó un contraste con su imagen de operador eficaz: el Caso Muebles. Esta investigación se trató de irregularidades en la adquisición de mobiliario y computadores para establecimientos educacionales públicos de la Región de Tarapacá en 2007, proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de la época. Guerra, en su estilo de sumar figuras de connotación pública a sus casos, imputó a 12 personas, entre ellas a la ex intendenta Antonella Sciaraffia. El juicio se realizó dos veces: en la primera ocasión, solo dos imputados, Gian Piero Cánepa y Jorge Jacobs fueron condenados por delitos menores vinculados a irregularidades administrativas. En la repetición del juicio, el fallo fue idéntico.
El resultado significó un duro golpe para la fiscalía, no solo por la baja efectividad en las condenas, sino también por el alto costo económico de repetir un juicio de larga duración, lo que generó perjuicios para las arcas fiscales.
Cinco imputados estuvieron en prisión preventiva por más de dos años, tres de los cuales fueron absueltos, lo que acentuó las críticas al manejo del caso y las formas que usa la fiscalía para mantener medidas cautelares gravosas, para darle mayor connotación pública a los casos, incluso sin pruebas suficientes que acrediten los delitos que les imputan.
Fiscalía Oriente
A pesar del precario resultado del caso muebles, las causas donde ofrecía salidas alternativas, le permitió a Guerra acentuar su fama de fiscal eficiente y fue precisamente esa muñeca política lo que lo proyectó para ganar la postulación a la Fiscalía Regional Oriente de Santiago, cargo que ejerció hasta el 2021, cuando presentó su renuncia voluntaria al Ministerio Público, incorporándose luego como docente en la Universidad San Sebastián. También prestó servicios como asesor de probidad en la municipalidad de Providencia cuando Evelyn Matthei era alcaldesa, y en la municipalidad de La Florida, donde el alcalde Rodolfo Carter lo contrató para ejercer el rol de “defensor de la gente”. Paralelamente y tras su salida de la fiscalía, Guerra se incorporó al partido Amarillos por Chile, formando parte de su tribunal supremo hasta agosto de 2024.
Hoy, Manuel Guerra, enfrenta la formalización de cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, luego de conocerse los audios del caso Hermosilla. Según la fiscalía, estas infracciones no fueron hechos aislados, sino parte de un intercambio de favores destinado a asegurar el futuro laboral del ex-fiscal en organismos del Estado. De esta forma, el otrora persecutor, hoy enfrenta su más compleja batalla judicial, desde la vereda del frente, a la que por 19 años estuvo acostumbrado a transitar.