Los parlamentarios Renzo Trisotti y Álvaro Jofré tienen un diagnóstico compartido: recursos disponibles, pero mal gestionados.
A un año de la puesta en marcha de la distribución del Royalty Minero a los gobiernos locales, las críticas desde la Región de Tarapacá se han intensificado. Tanto el diputado Álvaro Jofré (Partido Libertario) como el senador Renzo Trisotti (Partido Republicano) y representantes de la zona han alzado la voz contra la gestión de estos recursos, aunque con énfasis distintos pero complementarios. Mientras Jofré pone el foco en la opacidad y la ausencia de controles legales, Trisotti insiste en que, pese a que “la plata está”, los municipios siguen invirtiendo mal, en prioridades que no responden a las carencias más urgentes de la ciudadanía.
El senador Renzo Trisotti ha sido enfático al señalar que “los recursos públicos deben invertirse en las principales necesidades de la ciudadanía; cuando aún existen problemas básicos de gestión en los municipios, lo ocurrido no es lo adecuado”. En sus declaraciones, el parlamentario criticó que “muchas veces las prioridades están invertidas, especialmente en un contexto de estrechez económica como el actual”. Para Trisotti, las cifras de ingresos por royalty en Tarapacá —que aumentaron significativamente entre 2024 y 2025— dejan sin excusa a los alcaldes que aún se quejan de falta de fondos. Con estas cifras será difícil seguir escuchando que no hay recursos, porque la plata está. “Y hoy es un imperativo que se invierta bien, que se invierta en las verdaderas necesidades que tienen los vecinos de las distintas comunas de la región de Tarapacá”, sentenció.
Por su parte, el diputado Álvaro Jofré complementa este diagnóstico desde la perspectiva de la fiscalización. “Es inaceptable que, a un año de la implementación de los fondos del Royalty Minero, estemos a ciegas sobre su destino”, declaró Jofré, respaldándose en un informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) que reveló que más del 60% de los municipios beneficiarios a nivel nacional incumplió con la publicación trimestral de sus gastos durante 2024. Peor aún, advirtió que la Ley de Presupuestos 2025 eliminó la obligación de transparencia activa para las municipalidades, lo que ha generado “una preocupante opacidad” en el actual ejercicio.
“Cheques en blanco”
Tanto Jofré como Trisotti coinciden en que, sin reglas claras, el royalty minero puede convertirse en un fondo discrecional mal utilizado. Estudios del CPLT y reportajes de investigación han documentado que, a nivel nacional, un 23% de estos recursos se ha destinado a bienes y servicios de consumo. Un 12% se ha destinado a activos no financieros y un 8% a gastos en personal. Mientras que solo un 37% se ha ido a inversión real en infraestructura. En Tarapacá, aunque no existen cifras desagregadas oficiales por comuna debido justamente a la falta de transparencia, organizaciones ciudadanas han alertado sobre la opacidad en municipios como Alto Hospicio, Pozo Almonte y la propia Iquique.
El diputado Jofré fue más allá al señalar que “no podemos permitir que recursos frescos y millonarios terminen diluidos en sueldos, celebraciones o gastos operativos discrecionales sin una fiscalización real”. Y advirtió que “la descentralización no puede ser sinónimo de falta de control; sin rendición de cuentas constantes y transparentes, el royalty corre el riesgo de convertirse en un ‘cheque en blanco’ que no llega a quienes quieren ver un desarrollo y aumento de su calidad de vida en regiones”.
Más control
Para enfrentar esta situación, ambos parlamentarios han esbozado iniciativas concretas. El diputado Jofré anunció tres ejes de trabajo legislativo: primero, modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para agregar un literal que obligue a detallar el destino exacto de los aportes fiscales provenientes de la minería; segundo, reincorporar por ley de presupuesto la obligación de reporte trimestral en los portales de transparencia de cada municipio (y no solo una vez al año); y tercero, definir por reglamento o ley marco un porcentaje mínimo de inversión específica en infraestructura, alejando los fondos del gasto corriente o publicitario.
El senador Trisotti, aunque no ha detallado un articulado similar, ha insistido en que la solución pasa por una mayor exigencia a los alcaldes y una reorientación del gasto hacia lo que realmente necesita la gente: pavimentación, equipamiento de salud, seguridad ciudadana, alcantarillado y mejoras en escuelas. “No se trata de tener más plata, sino de gastarla bien”, ha repetido en sus intervenciones en la comisión de Hacienda del Senado.
Tarapacá, una de las mayores beneficiarias
Cabe recordar que la Región de Tarapacá es una de las principales receptoras del Royalty Minero gracias a la producción de la minería del cobre y, en particular, del litio y otros minerales no metálicos. Según datos de la Subdere, entre 2024 y 2025 la distribución para los municipios de la región creció en un 233%, alcanzando montos históricos. Sin embargo, esa abundancia relativa no se ha traducido en obras visibles para la ciudadanía. Organizaciones sociales de Iquique y Alto Hospicio han denunciado que, mientras los municipios reciben recursos récord, persisten problemas de bacheo, falta de áreas verdes y deficiencias en la gestión de residuos sólidos.
Las posturas de Jofré y Trisotti, lejos de ser contradictorias, conforman un frente común: exigir que los dineros del royalty minero lleguen a la gente con control y con propósito. El primero pone el acento en la necesidad de normas que garanticen la visibilidad del gasto; el segundo, en la obligación política de priorizar bien. En una región que históricamente ha visto cómo sus riquezas extractivas no se quedan en el territorio, el royalty minero representa una oportunidad única. Pero, como advierten ambos parlamentarios, esa oportunidad se perderá si no hay transparencia ni rumbo.
El desafío ahora está en la mesa legislativa y en los concejos municipales de Tarapacá. Los vecinos, mientras tanto, siguen esperando que tanta plata anunciada se convierta en algo más que titulares y declaraciones.