Todos los días vemos a más y más infractores de ley entrar a la cárcel. Y respiramos aliviados. La cárcel, pensamos, es la solución. Más y más presos. El siguiente análisis introduce las preguntas que están ausentes y nos recuerda que no hay respuestas fáciles a un fenómeno complejo.

Todos los días entra gente. Todos los días sale gente. Algunos, muy pocos, realmente salen. La mayoría vuelve. O nunca se van del todo. Porque la cárcel en Chile no es un lugar fijo: es un tejido que se estira, se contrae, se agrieta y vuelve a estirarse. Hasta donde aguante. Hasta que la sociedad decida mirar de frente lo que significa querer encarcelar a medio Chile sin hacerse cargo de lo que ocurre después.

Carla Retamal Pacheco lo dice con la precisión de quien ha visto el sistema por dentro. Abogada penalista, escritora y exfuncionaria de la Fiscalía de Tarapacá, Retamal ha caminado los pasillos donde se decide el destino de miles de personas. Y su diagnóstico es contundente: la forma de entender el rol de la sanción penal para la ciudadanía y los políticos sigue siendo unívoca: cárcel y más cárcel.

No importa que los estudios de campo lleven décadas advirtiendo lo contrario. No importa que la criminología y la filosofía penal hayan desarrollado el concepto de disuasión como un fin mucho más complejo que el simple encierro. La clase política ha encontrado en la promesa de mano dura un atajo electoral infalible, y la ciudadanía aplaude porque el miedo vende mejor que la reflexión.

Pero Retamal recuerda algo que la memoria colectiva ha borrado: históricamente, la cárcel no fue siempre la reina de las penas. Antiguamente, era un mero tránsito hacia la pena verdadera: la corporal, la muerte o las penas infamantes. Fue con el Iluminismo y los procesos reformistas de fines del siglo XVIII que surgió la prisión como pena central, envuelta en un discurso humanista que prometía corrección. Dos siglos después, la fisonomía sigue siendo la misma, pero el humanismo se ha desvanecido. Lo que queda es un depósito humano donde la promesa de reinserción es una broma de pésimo gusto.

El presupuesto de la hipocresía

Retamal pone los números sobre la mesa. En Chile, el fin resocializador de la sanción penal está mencionado en la Ley Orgánica de Gendarmería, en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en la de Penas Sustitutivas, en la de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin embargo, no existe una consagración constitucional expresa y sistemática que lo convierta en eje rector. Y sin ese eje, todo se desmorona.

Los recursos lo confirman: apenas un 8,7% del presupuesto total de Gendarmería se destina a resocialización. El 91% restante se va a cárcel, control y custodia. Es decir: por cada diez pesos, solo uno alcanza a ser cubierto por la resocialización. Los otros nueve son muros, rejas, guardias, grilletes y hacinamiento.

“La privación de libertad no es la solución para el crimen”, sentencia Retamal. Y no es una opinión: es una constatación empírica. Los estudios demuestran que las personas encarceladas tienen igual o mayor probabilidad de reincidir que aquellas que reciben sanciones alternativas. La cárcel interrumpe la vida: si el infractor tiene hijos, estos crecerán sin ese vínculo; si tenía un oficio o trabajo, ese camino se quiebra; y luego viene el estigma que no le abandona tras cumplir la condena.

Las ondas de la piedra

Retamal utiliza una metáfora precisa: el ingreso de una persona a la cárcel genera consecuencias que son como las ondas circulares que se forman al lanzar una piedra en el agua. La primera onda golpea al condenado. La segunda, a su familia. La tercera, a su barrio. La cuarta, a toda la sociedad que, años después, recibirá de vuelta a una persona más violenta, más marginal y con menos redes de apoyo.

Y en medio de esas ondas, la prisión opera como una fábrica de criminalidad avanzada. Porque el crimen hoy no es el de hace treinta años. Se organiza en estructuras capaces de reproducirse y replicar el negocio en distintos territorios. El know-how —el conocimiento criminal— se aprende y se maneja desde un espacio que, como sociedad, hemos ido fortaleciendo y hacinando. Cada persona que enviamos a la cárcel sin un plan serio de resocialización es, potencialmente, un alumno que entra a la universidad del delito.

“Si no hay cuidado al aplicar una pena, si solo pensamos en más años de cárcel y mano dura, esa mano dura se volverá contra nosotros en el futuro”, advierte Retamal. Y lanza una frase que debería grabarse en cada campaña política: “La cárcel es una medida inmediata y populista de los políticos que no desean hacerse cargo seriamente de la cuestión carcelaria”.

Lo que Chile no quiere ver

Mientras Chile aplaude el populismo punitivo, otros países hace tiempo que tomaron otro rumbo. Retamal repasa las legislaciones española, británica y nórdica, donde el fin de la pena está consagrado expresamente como reeducación, resocialización y reinserción social. Los vocablos varían, pero apuntan a lo mismo: la cárcel debe preparar para la vida en libertad, no para la reincidencia. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, existe el enfoque end-to-end offender management: la persona imputada es considerada desde una perspectiva psicosociojurídica desde su primer contacto con el sistema penal. No se espera a que llegue a prisión para pensar en su futuro. Se interviene antes, durante y después.

El resultado son tasas de reincidencia significativamente más bajas. Porque estos países han entendido algo que Chile se niega a aceptar: abordar el fin resocializador de la pena es la forma más eficaz de reducir el delito. No es generosidad. Es eficiencia.

El costo real de encerrar

Si Retamal pone el foco en la estructura del sistema y sus fracasos sistémicos, Daniel Guevara Cortés —doctor en Derecho, MBA, exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental— aporta la dimensión económica y ética. Su diagnóstico es quirúrgico: Estamos dispuestos a mandar a la gente a la cárcel, hasta que conocemos el costo real del alojamiento carcelario: mantener privada de libertad a una persona cuesta casi el doble del sueldo mínimo en Chile.

Ese dato, incómodo y pocas veces mencionado en los debates públicos, revela la hipocresía del sistema. Se exige más cárcel, pero nadie quiere pagar lo que realmente cuesta una cárcel digna. Y como no se paga, las cárceles se hacinan, se degradan y se convierten en lo que Retamal describe: escuelas del crimen.

Guevara no es un ingenuo. Reconoce que construir megacárceles al estilo de las implementadas por Nayib Bukele en El Salvador puede ser “una solución contingente que permite bajar el índice de criminalidad”. No descarta nada por dogma. Sin embargo, advierte que la realidad chilena es distinta: Lo que hemos visto en Chile es que el hacinamiento carcelario está condicionado por una mayor irregularidad.

Y lanza una pregunta que conecta directamente con la mirada de Retamal: “¿Cómo pensar en resolver el tema interno de seguridad si se mantienen campamentos en condiciones infrahumanas, generando una desintegración social, como sucede tanto en Alto Hospicio como en Antofagasta?” Para Guevara, no se trata de abandonar el cumplimiento de la ley —“hay que hacer cumplir la ley”, enfatiza—, sino de evitar el error de creer que el mero endurecimiento de la privación de libertad garantizará la paz social.

Su conclusión es clara: “El incremento de la población penal tiende a aumentar la desigualdad social. Las sociedades necesitan equidad”. No es un eslogan. Es una constatación empírica que los estudios de reincidencia respaldan.

Fe y oficios

En un giro personal, Guevara habla desde su fe evangélica: “con el apoyo psicológico y espiritual de las iglesias”. Y destaca una experiencia concreta que sí funciona: la Cámara Chilena de la Construcción, que desarrolla capacitación de oficios en personas privadas de libertad, permitiéndoles acceder a beneficios y, sobre todo, a una vida después de la condena.

Esa es la ruta, dice Guevara: no el reduccionismo carcelario, no la fantasía de que la cárcel sola transforma, sino la combinación de ley, trabajo, fraternidad e igualdad. “Las cárceles son un mal necesario”, admite sin ambages. Pero cierra con una frase que condensa su postura ética y política: Estamos llamados a comprender que, junto con la libertad, debemos tener fraternidad e igualdad.

Retamal, por su parte, lo dice desde la trinchera del derecho penal y la fiscalía: la cárcel no es la solución. Y ambas voces convergen en un mismo punto: Chile necesita un giro copernicano en su política penitenciaria.

La sociedad

¿Qué hay detrás del afán punitivo? Retamal lo nombra sin eufemismos: la cárcel es una medida inmediata y populista de los políticos que no desean hacerse cargo seriamente de la cuestión carcelaria. Es más sencillo prometer más años de reclusión que invertir en prevención, en salud mental, en educación, en vivienda digna, en trabajo para los sectores más vulnerables.

Pero la sociedad no es inocente. Las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la mano dura, al endurecimiento de penas, a la construcción de más recintos penitenciarios. Esa sed de castigo, sin embargo, choca con una realidad tozuda: las cárceles llenas no han bajado la delincuencia. La han desplazado, la han transformado, la han vuelto más organizada y más violenta.

Guevara lo resume con una imagen poderosa: el incremento de la población penal tiende a aumentar la desigualdad social. Porque los que van a la cárcel no son los poderosos. Son los pobres, los marginales, los que vienen de campamentos como los de Alto Hospicio y Antofagasta, los que no tienen abogados de lujo, los que el sistema descarta antes de juzgar.

¿Hasta dónde aguanta el elástico?

No hay respuesta sencilla. Retamal y Guevara coinciden en lo esencial: la cárcel seguirá siendo un mal necesario mientras la sociedad no esté dispuesta a invertir en lo que realmente funciona: prevención, educación, trabajo, salud mental, vivienda, alternativas penales efectivas.

Pero el elástico tiene un límite. En algún momento se rompe. Y cuando se rompe, no se rompe solo dentro de los muros: se rompe afuera, en las calles, en las familias, en la perpetuación de la desigualdad y la violencia. Por eso la pregunta no es si debemos tener cárceles. La pregunta es qué tipo de cárceles queremos, y sobre todo, qué hacemos para que cada vez menos personas tengan que entrar en ellas.

Chile enfrenta una encrucijada. Puede seguir estirando el elástico, llenando las cárceles, aplaudiendo la mano dura y cosechando reincidencia. O puede, como sugieren Retamal y Guevara —y como demuestran los países que sí han bajado sus tasas de reincidencia—, dar un giro hacia la resocialización efectiva, la inversión en alternativas, la mirada multidisciplinar y la fraternidad como principio.

“Junto con la libertad, debemos tener fraternidad e igualdad”, dice Guevara. Y Retamal añade, desde la experiencia directa: “La privación de libertad no es la solución para el crimen”. Ambas frases, dichas desde ángulos distintos, apuntan a una misma verdad incómoda: la mano dura que hoy aplaudimos, mañana se volverá contra nosotros. Y entonces, cuando el elástico reviente, ya será demasiado tarde para preguntarnos qué hicimos mal.