Los sindicatos tienen la oportunidad de ir más allá del trabajo asalariado tradicional para organizar a una fuerza laboral fragmentada, subordinada a plataformas y carente de un lugar físico de trabajo común.
Giorgio Boccardo Bosoni, ex ministro del trabajo.
Como sociedad, atravesamos desafíos globales de una magnitud sin precedentes. No se trata de una crisis coyuntural, sino de transformaciones donde convergen cambios geopolíticos, tecnológicos y un deterioro de las instituciones democráticas, fenómenos que nos obligan a repensar los modos de organizar la vida en común. El ciclo de la globalización neoliberal se agotó, dejando tras de sí disensos importantes en las élites económicas, pero también una falta de estrategia del mundo progresista y las izquierdas, para propiciar una nueva era de prosperidad y bienestar para el conjunto de la clase trabajadora.
El ocaso de este ciclo se manifiesta en múltiples frentes: la crisis del pacto entre China y Estados Unidos y la guerra comercial, el cambio climático y sus efectos devastadores en el planeta, el envejecimiento poblacional que tensa los sistemas de protección, y flujos migratorios forzados por conflictos políticos o armados. Sin embargo, el cambio más silencioso y profundo es la consolidación de gigantes tecnológicos que, apalancados por el capital financiero, se han transformado en los centros de poder global, operando por encima de las soberanías nacionales.
El triunfo del algoritmo
Esta hegemonía de monopolios digitales no sólo encadena sectores productivos completos, sino que altera sustancialmente la organización del trabajo. Bajo el actual ‘capitalismo de plataformas’, la extracción masiva de datos se traduce en herramientas destinadas a una mayor vigilancia, automatizaciones opacas y procesos de descalificación laboral. El algoritmo se erige, así, como un ‘nuevo capataz’ digital, que no descansa y que redefine la producción bajo criterios de eficiencia deshumanizada. Pese a este torbellino de transformaciones, aún persiste una certeza fundamental: la mayoría de la población sigue dependiendo de un salario y de la seguridad social para subsistir.
En este escenario, un nuevo Primero de Mayo, en que conmemoramos a los mártires de Chicago y la lucha histórica por la jornada laboral, nos sitúa como izquierda en un punto de inflexión donde el valor del trabajo humano vuelve a estar en el centro de la disputa política.
Ante estas incertidumbres, emergen alternativas políticas en las antípodas. Por un lado, una ultraderecha global que intenta resucitar la utopía de la desregulación y reducir el gasto social, promoviendo rebajas de impuestos al gran empresariado como supuesto motor de inversión y crecimiento. Se trata de un ataque directo a las instituciones del trabajo, encarnado en proyectos como el de Milei en Argentina, quien promueve un desmantelamiento radical del Estado, o las agendas de Trump en EEUU y Bolsonaro en Brasil, que impulsaron un debilitamiento de la protección laboral. Todo parece indicar que en Chile la propuesta laboral de Kast se inserta en esta tendencia global.
Revalorizar el trabajo
En la vereda opuesta, gobiernos progresistas y de izquierda intentan revalorizar el trabajo mediante políticas de reducción de jornada, alzas salariales, estrategias en favor de la igualdad de género y la regulación de nuevas formas de trabajo. Esta apuesta busca reconstruir pactos sociales, entendiendo que la democracia sólo tiene sentido si logra integrar materialmente a la ciudadanía. Ejemplos de estas agendas son el fortalecimiento sindical liderado por Lula en Brasil y Petro en Colombia, la reducción de jornada y el aumento del salario mínimo de Boric en Chile y Sheinbaum en México, y la regulación del trabajo de plataformas de Sánchez en España.
Pese a estas políticas, no se puede ignorar que las ultraderechas han logrado adhesión en la clase trabajadora. Este fenómeno responde, en parte, a las deudas del progresismo y la izquierda que no siempre articulan respuestas eficaces ante el miedo y la incertidumbre cotidiana. En un contexto de crisis de seguridad y flujos migratorios desbordados, las ultraderechas capitalizan la sensación de abandono estatal, ofreciendo soluciones autoritarias que conectan con comunidades que acceden desigualmente a servicios públicos y experimentan una erosión de su entorno seguro y aspiraciones laborales. Ante un discurso que a veces resulta excesivamente técnico, moralizante o lejano, el relato de extrema derecha canaliza el resentimiento contra un sistema que el trabajador siente que falló en su promesa de orden y protección. La seguridad, por tanto, debe ser asumida por la izquierda con mayor determinación, integrándose como un pilar indiscutible de la protección social.
Este esfuerzo de cambio institucional resulta insuficiente sin la organización sindical, que hoy también requiere de una revisión. En cuanto a sus formas, los sindicatos tienen la oportunidad de ir más allá del trabajo asalariado tradicional para organizar a una fuerza laboral fragmentada, subordinada a plataformas y carente de un lugar físico de trabajo común. La unidad debe reconstruirse allí donde se ha sembrado el aislamiento. En cuanto al fondo, la disputa no puede limitarse a lo salarial; en las negociaciones colectivas se deben incorporar, por ejemplo, la toma de decisiones que realiza la gestión algorítmica, la soberanía sobre los datos y la redistribución de las ganancias de productividad derivadas de la tecnología.
Columna publicada en www.elpais.com