A cinco años del estallido migratorio, la región de Tarapacá sigue sin responder una pregunta fundamental: qué hacer con quienes llegan. Mientras el Estado endurece las políticas, las organizaciones sociales tejen redes en la precariedad. Y en medio, la infancia migrante espera una matrícula escolar que no llega.

El Pacífico golpea las rocas de Iquique con la misma constancia con que las personas migrantes golpean las puertas de las oficinas públicas. Una tras otra. Sin respuesta. O con respuestas que tardan meses, años, una eternidad que se mide en papeles que no se aprueban, en visas que no se otorgan, en certificados que se pierden en el laberinto burocrático.

Susana Varela lo dice sin vueltas. Es actriz, cantante, diplomada en gestión cultural y patrimonio, antropología del arte y educación artística. Coordina el Laboratorio Artístico In Lak’ Ech Culturas Migrantes y desde ahí ve todos los días lo que las estadísticas no cuentan:

«La situación actual de las personas migrantes en Iquique sigue siendo bastante compleja y, en muchos aspectos, más precaria que hace algunos años. Tarapacá ha sido una de las regiones más tensionadas por el aumento de flujos migratorios, pero las respuestas institucionales no han logrado estar a la altura de esa realidad».

La frase podría ser el epígrafe de esta ciudad, puerto y frontera, donde conviven la riqueza de la Zona Franca y la pobreza de los campamentos.

El laberinto de los papeles

El principal problema, advierte Varela, es cuánto cuesta regularizarse. Y no habla de dinero, habla de tiempo. De ese tiempo que se estira hasta quebrar la paciencia y la legalidad.

«Uno de los principales problemas es lo difícil que resulta regularizar la situación migratoria. Sacar los papeles puede tomar muchísimo tiempo; hay trabas administrativas y muchas personas quedan en un limbo, sin acceso pleno a derechos básicos. Eso impacta directamente en su acceso a trabajo formal, salud y vivienda, generando condiciones de alta vulnerabilidad», dice.

Ese limbo tiene nombre y dirección: son las tomas de Alto Hospicio, los campamentos a la intemperie, las familias enteras que duermen en el suelo de un terminal de buses. Son los niños que miran la escuela desde afuera porque nadie les garantiza un cupo.

La infancia que no juega, que no estudia

Porque si la situación de los adultos es dura, la de los niños y niñas es, en palabras de Varela, «aún más delicada».

«Hemos visto vulneraciones importantes, especialmente en el acceso a la educación. Hay niños, niñas y adolescentes que no logran matricularse oportunamente en establecimientos educacionales, lo que los deja fuera del sistema y afecta su desarrollo e integración», indica.

Esa frase debería detonar alarmas. Pero en Iquique, las alarmas suenan hace años y nadie termina de apagar el incendio. El fuego real, el que hace algunos años arrasó un centenar de viviendas precarias habitadas mayoritariamente por migrantes y dejó 400 damnificados, fue apenas el reflejo físico de un incendio más profundo: el de la dignidad calcinada por la espera.

Varela señala un nombre concreto, una circular que suena a trámite, pero que hiere: la 014. «Además, preocupa la aplicación de la circular 014, que en la práctica ha generado barreras adicionales y vulnera derechos de la niñez migrante en Chile, al poner condiciones que dificultan su acceso a servicios básicos como la educación. Esto contradice principios fundamentales de protección de la infancia», indica.

Y lo dice claro: no es un problema técnico, es un problema de derechos. La niñez no debería pagar los platos rotos de una política migratoria que no termina de definirse.

Luces y sombras de medio lustro

¿Qué cambió en los últimos cinco años? Varela no simplifica. «Por un lado, han surgido más organizaciones sociales y redes de apoyo que intentan acompañar a las personas migrantes, lo cual es positivo. Pero, por otro, también ha habido un endurecimiento en las políticas y un discurso más restrictivo, lo que ha afectado el enfoque de derechos que debería primar», asegura.

Esa tensión —más organización vecinal, más control estatal— es el corazón del problema. Mientras la sociedad civil teje redes, el gobierno de José Antonio Kast impulsa el Plan Escudo Fronterizo: refuerzo militar, tecnología y zanjas en la frontera para frenar ingresos irregulares. La delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia Cifuentes, asumió en marzo de 2026 con un discurso de «gobierno de emergencia» que prioriza seguridad y regularización.

Pero entre las zanjas de la frontera y los niños sin matrícula hay un abismo que ninguna zanja va a tapar.

Las redes que sostienen

Porque mientras el Estado endurece, otros abren las puertas. La Red Franciscana para Migrantes de Iquique, fundada en 2023, es una de esas organizaciones que trabaja en el silencio de lo cotidiano. Entre el 9 y 11 de enero de 2026, organizaron junto a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl un «Espacio de alegría fraterna» para niños del asentamiento Paso de la Mula. Juegos, pintura, teatro. Una excursión a la playa. Treinta pequeños que rieron en medio del desierto.

El 2 de marzo de 2026, la misma red lanzó un taller de estampado térmico para diez mujeres provenientes de Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tres meses de formación, 108 horas, asesoría legal para constituir una cooperativa. El nombre del taller: Mujer, tú puedes.

Son gotas. Pero en Iquique, las gotas cuentan

También hay gestos institucionales pequeños. El 7 de abril de 2026 abrió sus puertas en el Campus Lobito de la Universidad Arturo Prat el jardín infantil de Primera Acogida «Un Mundo de Colores», de Fundación Integra. Atiende a 24 niños y niñas de entre 2 y 5 años que permanecen transitoriamente en el centro. La subsecretaria de Educación, Claudia Lagos, recorrió las instalaciones el 13 de abril y destacó la iniciativa como un avance para «minimizar el impacto del estrés migratorio».

Veinticuatro niños. Es una gota más. Pero es una gota.

Y mientras las instituciones y las organizaciones ensayan respuestas, la calle se mueve. No siempre hacia la acogida. En septiembre de 2021, una multitudinaria marcha en contra de la migración irregular recorrió Iquique. Terminó con incidentes violentos: quema de carpas y pertenencias de migrantes en espacios públicos y playas. No era la primera vez. En años anteriores, episodios similares ya habían conmocionado a la ciudad.

El obispo de Iquique, monseñor Isauro Covili, ha hecho desde su llegada en 2022 constantes llamados a detener la violencia e invitado a vivir «la cultura de la acogida». Pero su voz compite con el miedo, el cansancio y la saturación de servicios que experimentan muchos habitantes de Tarapacá. Porque la precariedad no solo la viven los migrantes: la ciudad entera está tensionada.

El balance final

Susana Varela lo resume en una frase que debería incomodar a quienes toman las decisiones:

En resumen, «hay más visibilización del fenómeno, pero no necesariamente mejores condiciones de vida para las personas migrantes, y eso es algo que como región todavía tenemos pendiente abordar de forma más integral».

Más visibilidad, no mejores condiciones. Esa es la paradoja de Iquique. El fenómeno migratorio ya no se puede negar; está en todas partes: en las noticias, en las marchas, en los discursos políticos. Pero estar en las noticias no significa tener un techo. Significa tener una carpa que puede arder.

Mientras tanto, en el taller de estampado térmico de Alto Hospicio, diez mujeres aprenden a diseñar sus propios productos. Afuera, sus hijos saltan en una piscina portátil instalada en el patio de las religiosas.

Tal vez esa sea la crónica que Iquique necesita: no la del control, no la del miedo, sino la de esas mujeres que aprenden un oficio mientras sus hijos juegan. La espera sigue. Pero mientras esperan, tejen.

Foto principal: Octavio López