Jacques Delors, en 1996, definió cuatro pilares fundamentales de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer (instrumentos del saber), aprender a hacer (habilidades prácticas), aprender a vivir juntos (cooperación) y aprender a ser (desarrollo integral de la persona).
Por Carolina Vargas Bruna, ex seremi de Educación
La convivencia escolar en Tarapacá se encuentra en un punto de reflexión, donde las nuevas leyes y políticas educativas se enfrentan a un entorno laboral marcado por la crisis. Las y los trabajadores de las comunidades educativas, encargadas de implementar estas políticas, rara vez son visibilizados en el debate público. En este contexto, ¿cómo podemos abordar la situación actual desde una perspectiva teórica y práctica que considere las tensiones y desafíos que enfrenta la educación en nuestra región?
La Ley Aula Segura, promulgada en 2018 durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera, ha dejado su huella al redefinir lo que constituye una amenaza a la convivencia escolar. Sin embargo, es alarmante que las expulsiones hayan aumentado desde 2018 hasta 2025, sin que se proporcione el apoyo psicosocial necesario. ¿No indica esto que estamos atrapados en un ciclo que no aborda las raíces del problema?
El actual proyecto de ley presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, especialmente tras el asesinato en Calama y en respuesta a la ocurrencia de amenazas en el país. Sin embargo, es crucial cuestionar si esta respuesta es adecuada o si, por el contrario, perpetúa un enfoque punitivo que no aborda las causas profundas de la violencia social.
La convivencia escolar en Tarapacá trasciende las políticas educativas; es un reflejo de nuestra responsabilidad compartida como sociedad. Desde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric inició el Plan de Reactivación Educativa en 2022, se han implementado diversas acciones que buscan abordar las complejidades de la convivencia en nuestras escuelas. Este plan, que integra el eje de convivencia escolar, representa un esfuerzo por mejorar la calidad educativa y generar un entorno seguro y acogedor para nuestros estudiantes.
Desde un enfoque pedagógico, la teoría de la educación de Paulo Freire nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una educación liberadora que fomente la confianza, el diálogo y el respeto mutuo. En su obra “Pedagogía de la esperanza”, Freire enfatiza la necesidad de una pedagogía que no solo transmita conocimientos, sino que también transforme a las y los estudiantes y los prepare para enfrentar y transformar su realidad. ¿No es este un momento crucial para que la sociedad vea nuevamente en la escuela un espacio donde la justicia social pueda florecer?
La reciente promulgación de la Ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, publicada el 1 de abril de 2026, busca erradicar el acoso escolar y toda forma de violencia. Este es un paso importante, pero su implementación depende de la asignación de recursos adecuados, la capacitación de los equipos docentes y la actualización de los reglamentos internos de cada establecimiento. ¿Estamos listos para asumir esta responsabilidad? La ley exige un coordinador de convivencia exclusivo y un enfoque preventivo integral. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde se han reportado más de quince amenazas en establecimientos de Tarapacá. La actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) se vuelve fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje, sin que se tensione con aspectos esenciales de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Jacques Delors, en 1996, definió cuatro pilares fundamentales de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer (instrumentos del saber), aprender a hacer (habilidades prácticas), aprender a vivir juntos (cooperación) y aprender a ser (desarrollo integral de la persona).
El enfoque actual del gobierno sobre la convivencia escolar combina medidas punitivas y preventivas, lo que genera dudas sobre su efectividad. Las experiencias en otros contextos muestran que las medidas de control, como la revisión de mochilas y la intervención policial en las escuelas, pueden desestabilizar aún más la convivencia y debilitar el vínculo entre estudiantes y personal educativo. En lugar de abordar las raíces del problema, ¿no estaríamos contribuyendo a un clima de miedo y control, en vez de fomentar un ambiente de confianza y colaboración?
La educación no puede ser vista únicamente como un espacio de control y vigilancia. Necesitamos construir comunidades educativas donde la corresponsabilidad, el respeto y el desarrollo de relaciones significativas sean el eje central. Esto implica que todos los actores involucrados —asistentes, docentes, familias y estudiantes— trabajen en conjunto para fomentar un ambiente educativo afectivo y seguro.
Es esencial que el debate sobre la convivencia escolar en Tarapacá incluya la voz de quienes realmente están en las aulas, enfrentando a diario las tensiones y desafíos que surgen en el contexto educativo. La autoridad pedagógica debe construirse desde la confianza y el respeto mutuo, y no desde la imposición de medidas punitivas.
El futuro de nuestra educación depende de nuestra capacidad para trabajar en conjunto, adoptando un enfoque que integre la salud mental, el apoyo psicosocial y el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Solo así podremos enfrentar de manera efectiva los problemas de convivencia y violencia que afectan nuestras comunidades educativas. La escuela debe ser vista nuevamente como el lugar donde la sociedad nace y crece, construyendo el presente y futuro con justicia social para todas y todos.
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