La incertidumbre cala en la región: dirigentes vecinales de Alto Hospicio, contratistas modestos y operarios portuarios se preguntan quién pagará sus cursos para no quedar relegados.
La eventual eliminación de la franquicia tributaria Sence –principal mecanismo de financiamiento para la capacitación laboral en Chile, que beneficia a cerca de un millón de trabajadores al año– corre como reguero de pólvora en el mundo gremial y sindical de Tarapacá. En el marco de un ajuste fiscal, el Gobierno analiza su fin, dividiendo opiniones: unos ven un golpe fatal a la reactivación económica regional, otros exigen un modelo de educación continua y flexible. En Iquique, donde la economía se contrajo más del 8% en 2025 (la peor cifra nacional) y megaproyectos mineros exigen miles de especialistas, el debate trasciende lo académico: es una urgencia con nombre y RUT.
Cualquier análisis arranca de un dato duro: Chile está 50 puntos por debajo del promedio OCDE en competencias adultas, con apenas un 2% de la población en niveles altos de razonamiento matemático, comprensión de textos o resolución de problemas digitales. En Tarapacá, la paradoja duele: mientras el PIB regional se desplomó un 8,3% el año pasado, inversiones mineras y energéticas apuntan al desierto, pero faltan operadores de equipos de última generación, técnicos en automatización y soldadores calificados. El Puerto de Iquique, nodo clave de la zona franca, movilizó 8,4% menos de carga en febrero de 2026; las obras de construcción desaceleran y la automatización transforma el mercado laboral sin que la formación siga el ritmo.
El consejo de la sociedad civil del Sence en Tarapacá ya lo alertó en sesiones recientes: gremios, industriales y trabajadores coinciden en acelerar la capacitación digital y el aprendizaje permanente, especialmente en sectores postergados como Tamarugal o Alto Hospicio.
La defensa del sistema actual
José Esteban Garay, gerente general del OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), no miniza el riesgo: “Chile no sostendrá crecimiento ni atraerá inversión sin capital humano calificado. Eliminar la franquicia sería un error garrafal, justo cuando necesitamos formar miles para proyectos mineros, energéticos e inmobiliarios”. Destaca el mérito del sistema –pese a imperfecciones–: capacita en la práctica a un millón de personas anuales. “No es lujo ni subsidio al empresariado; es lo que permite a una empresa de Iquique soldar estructuras, operar grúas o leer planos de ingeniería”, explica. Sin incentivos fiscales para descontar cursos Sence, pymes –principal motor de empleo– dejarían de invertir, dejando vacíos 11.852 puestos directos de próximos proyectos mineros, según proyecciones sectoriales. La Asociación de Industriales de Iquique y Tamarugal insiste: sin formación robusta, Tarapacá quedará fuera de la ola inversora.
La visión radical: romper la dupla
Leo Meyer, conductor de Academia de Emprendedores, ofrece una mirada disruptiva: “Creer que la capacitación debe servir al empleo inmediato es miope en un mundo de trabajos volátiles”. Propone tres pilares: formar mentores de alta calidad para habilidades blandas y duras en terreno; destinar fondos a profesores que cierren brechas educativas en adultos postergados; y potenciar medios como podcasts, radios comunitarias o series didácticas en TV regional. “Un trabajador del puerto de Iquique aprende tecnologías nuevas en un podcast, no solo en cursos de 40 horas certificados. Necesitamos un ecosistema flexible, descentralizado y adaptado a ritmos reales”, argumenta.
El Gobierno menciona un posible nuevo estatuto de fomento a la capacitación, sin plazos ni detalles. Garay urge no “tirar al bebé con el agua de la bañera”: mejorar calidad y pertinencia, pero preservar la plataforma masiva. Meyer va más allá: “No parches, sino rediseño: educación continua como derecho, con mentores comunitarios, radios locales y alianzas televisivas”.
En el calor del desierto iquiqueño, la incertidumbre cala: dirigentes vecinales de Alto Hospicio, contratistas modestos y operarios portuarios se preguntan quién pagará sus cursos para no quedar relegados. El debate inicia, pero en Tarapacá –donde la reactivación es diaria– la formación no puede esperar.