El asesinato de una inspectora en Calama expone el temor de los profesores y el rol tóxico de los juegos violentos: expertos de Tarapacá claman por protocolos y corresponsabilidad familiar.

El asesinato de una inspectora en el colegio Luis Silva Lazaeta de Calama, a manos de un adolescente, remeció al país y volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en el sistema educativo: ¿existe temor entre los profesores al hacer clases?

Dos voces autorizadas de Tarapacá, el docente Jorge Aracena y la exseremi de Educación Carolina Vargas, analizan las complejidades de la convivencia escolar, los vacíos en la protección de los educadores y la urgencia de aplicar los marcos normativos disponibles.

El trágico episodio en Calama, donde un estudiante acabó con la vida de una trabajadora de la educación dentro del establecimiento, visibilizó una realidad que, según advierten los especialistas, llevaba años gestándose. Para el profesor Jorge Aracena, ex director de la Cormudesi y actual director del Colegio República de Croacia, entre otros cargos, este hecho no es un caso aislado, sino el reflejo de un fenómeno más profundo.

El temor de los profesores a dar clases podría tener razones no solo por los últimos acontecimientos, sino de mucho tiempo atrás. Existe una preocupación histórica, que durante la pandemia se hizo universal y cambió la forma de hacer clases, sostiene Aracena. En su análisis, el ex director de la Cormudesi apunta a un cambio de foco educativo tras la crisis sanitaria: “Antes era mejorar los rendimientos y desde ahí aparece el tema de la salud mental y los aspectos socioemocionales. Se modifican los programas y aparecen talleres socioemocionales o de participación ciudadana”, dice.

Sin embargo, advierte que en muchos colegios —tanto públicos como privados— existen situaciones que se ocultan. “Mi visión de los temores es que hay situaciones que no se manejan públicamente hasta que explotan por la prensa, y la exposición genera temor”, aclara.

Juegos digitales violentos

Aracena también vincula la violencia escolar con la exposición masiva a contenidos digitales, un fenómeno que, a su juicio, ha transformado profundamente la manera en que niños, niñas y adolescentes perciben el conflicto y las relaciones interpersonales. “El tema es a nivel global: celulares, tablet, juegos de guerra. Los niños normalizan las peleas, se graban”, sostiene. Y agrega un ejemplo que, para él, resulta elocuente: “El niño de Calama venía vestido de juegos, y enajena a los niños con eso”. Con esta referencia al trágico caso que conmocionó al país, Aracena advierte cómo la sobreexposición a entornos virtuales —donde la violencia suele operar sin consecuencias visibles— ha ido desdibujando los límites entre la ficción y la realidad, generando conductas que antes resultaban impensadas en el ámbito escolar. La espectacularización de las agresiones, sumada a la inmediatez con que se difunden a través de redes sociales, crea, según su mirada, un caldo de cultivo donde la agresividad se normaliza y el pudor frente al otro se erosiona.

Este escenario, señala el ex director de la Cormudesi, contrasta de manera radical con el pasado, cuando los docentes contaban con herramientas institucionales más sólidas para abordar las faltas de disciplina y sostener el orden dentro de los establecimientos. “Los profesores antes tenían comités de disciplina”, recuerda, aludiendo a instancias formales que permitían no solo sancionar, sino también contener, en un marco de corresponsabilidad con las familias.

En aquel entonces, agrega, la relación con los apoderados era distinta: había reuniones de curso permanentes, comunicación fluida y una confianza mutua que hoy, en muchos casos, se ha fracturado. “Hoy ni siquiera se puede mirar a un niño y ya lo pueden acusar al profesor”, lamenta, reflejando la sensación de vulnerabilidad e indefensión que, según él, atraviesa a una parte importante del gremio docente. Para Aracena, ese debilitamiento de los mecanismos de autoridad —sumado a la judicialización de la convivencia escolar y al temor a exponerse públicamente— explica en buena medida el malestar y el temor que hoy muchos profesores enfrentan cada vez que cruzan la puerta del aula.

Experiencia en aula

Carolina Vargas, exseremi de Educación de Tarapacá, coincide en que el temor es una realidad, pero matiza que su intensidad depende de la trayectoria y las experiencias de cada docente. “He percibido que las y los docentes, dependiendo de su edad y experiencias laborales, enfrentan un contexto complejo en el sistema educativo. La convivencia escolar varía significativamente entre las distintas comunidades educativas, y las rutinas, así como los hechos disruptivos, pueden diferir ampliamente”, explica.

Para Vargas, la clave está en el rol de los equipos directivos, quienes deben ser los primeros en activar protocolos consensuados con el Consejo Escolar. “Esto no solo proporciona claridad a las familias sobre los procedimientos de prevención, sino que también establece un marco normativo que ayuda a crear comunidades protegidas contra la violencia en cada jornada escolar”, afirma.

Consultada sobre si falta mayor resguardo por parte de sostenedores y el Ministerio de Educación, la exautoridad regional enfatiza que el marco normativo ya existe. Destaca la reciente promulgación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que crea el Consejo Escolar como espacio para canalizar la participación y promover el respeto mutuo.

Los consejos escolares deben incluir a las familias y a los y las estudiantes. “El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar que cada comunidad educativa cuente con personal idóneo que conozca las normas y que valore el sentido de la enseñanza y el aprendizaje”, sostiene Vargas. Agrega que la gran tarea de los sostenedores es “promover y fomentar un proceso educativo libre de violencia, acoso y discriminación, que garantice la dignidad de todas las personas que integran las comunidades educativas”.

Dos visiones

Mientras Aracena enfatiza el desamparo cotidiano que viven los docentes y el impacto de un entorno cultural y digital que normaliza la violencia, Vargas pone el acento en la necesidad de activar los instrumentos existentes. Estos incluyen los consejos escolares y la nueva ley para construir comunidades educativas que prevengan los hechos disruptivos.

Ambos coinciden, sin embargo, en un punto central: el caso de Calama no puede ser visto como una excepción. Es un llamado urgente a repensar el rol de la escuela, la protección de quienes trabajan en ella y la participación activa de las familias en la formación de una convivencia basada en el respeto y la corresponsabilidad.

La tragedia en el colegio Silva Lazaeta dejó una herida profunda. Para Jorge Aracena y Carolina Vargas, también dejó en evidencia que los temores de los profesores no son infundados y que, pese a los avances normativos, la implementación efectiva de políticas de resguardo y prevención sigue siendo una materia pendiente.