Cuando se sequen los recursos de la austeridad, ¿quién pagará por esa cama que pusimos en casa para que el hospital no se desangrara?
Eran cerca de las diez de la mañana cuando el equipo de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital de Iquique inició su ruta hacia Alto Hospicio. En la camioneta blanca viajaban una enfermera, un técnico y un kinesiólogo, cargando bombas de infusión, medicamentos y protocolos para convertir el living de un paciente en una sala de hospitalización segura. Mientras el hospital se ahoga en ruido, sillas llenas y papeles acumulados, dentro del vehículo el ritmo es otro, casi un susurro: el de una idea elemental que se ha vuelto vital. Acercar la cama al paciente cuando el hospital ya no da más.
Lo que esta unidad ha logrado en los últimos años parece, a simple vista, una rareza en el sistema público de salud. Pero los números la convierten en una evidencia irrefutable. Durante 2025, el equipo atendió a 3.635 usuarios, a los que hizo 94.284 visitas domiciliariasa lo largo del año. Detrás de ese despliegue hay un ejército silencioso: más de 100 funcionarios —entre enfermeros, técnicos, kinesiólogos, médicos y asistentes sociales— que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llevando cuidados complejos directamente a los hogares. En estos momentos, 95 usuarios reciben este servicio en sus propias casas en la región de Tarapacá, liberando camas críticas para los casos más graves y reduciendo el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Y lo hacen con un nivel de calidad que ya es un referente: esta unidad es una de las mejor evaluadas del país según los estándares del Ministerio de Salud.
Pero ese éxito contrasta con la fragilidad presupuestaria del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames. El recinto opera con números que no cierran: arrastra un déficit cercano a los 12 mil millones de pesos y, durante dos periodos consecutivos, el Gobierno Regional ha tenido que inyectar más de 4 mil millones anuales para evitar el colapso. El propio presupuesto vigente solo alcanzaría para garantizar el funcionamiento hasta agosto, obligando a gestionar recursos adicionales para cubrir el último cuatrimestre. En ese escenario de asfixia financiera, cualquier recorte externo se siente como un golpe directo al pecho.
El más reciente llegó a fines de abril. El gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Hacienda, ingresó el Decreto N°333 a la Contraloría, ordenando un recorte de 413 mil millones de pesos al presupuesto de salud. Entre las partidas afectadas aparecía la propuesta de “descontinuar” el programa de Hospitalización Domiciliaria, lo que implicaba un tijeretazo de 82.656 millones de pesos a nivel nacional. La alarma se encendió al instante.
La senadora por Tarapacá, Danisa Astudillo, fue contundente: “El Gobierno decidió recortar $1.460 millones al Hospital de Iquique. Un hospital que todos los años funciona con presupuestos insuficientes, que enfrenta alta demanda y largas listas de espera, hoy queda aún más expuesto por una decisión que pone en riesgo la atención de miles de personas. En la Región de Tarapacá no sobra nada”.
La respuesta del Ministerio de Salud no se hizo esperar. La ministra May Chomali salió a aclarar que el ajuste no afectaría la atención directa de los pacientes y que el recorte total representaba apenas un 2,4% del presupuesto de salud. Pero en Iquique, donde la precariedad es estructural, las palabras oficiales chocan con la experiencia cotidiana. Finalmente, y tras la presión política, el Decreto N°333 excluyó al Hospital de Iquique y al nuevo Hospital de Alto Hospicio de la lista de los más de 80 recintos públicos castigados por el tijeretazo. El alivio fue inmediato, pero la desconfianza quedó instalada. Los funcionarios saben que la exclusión es una tregua, no una solución. El director del hospital, Aldo Antonio Cañete, lo ha repetido en más de una ocasión: el voluntariado y la comunidad organizada sostienen el sistema, pero sin presupuesto, todo se desmorona.
Mientras los debates se resuelven en los escritorios de Santiago, en Iquique y Alto Hospicio los más de 100 funcionarios de la unidad siguen recorriendo cerros y calles, llevando en sus mochilas la respuesta concreta a un sistema desbordado. No es casualidad que esta unidad sea una de las mejores evaluadas del país: sus números hablan de eficacia —94.284 visitas en un solo año, 3.635 usuarios atendidos—; sus rutinas hablan de dignidad. Cada vez que abren la puerta de una casa, instalan una bomba de infusión en una mesa modesta o enseñan a un familiar a cambiar una curación, están demostrando que otra salud es posible. La pregunta, sin embargo, sigue flotando en el aire: cuando se sequen los recursos de la austeridad, ¿quién pagará por esa cama que pusimos en casa para que el hospital no se desangrara?